Después de quince años concentrándonos el día 25 de cada mes en la Plaza de Fuente Dorada para denunciar la violencia contra las mujeres, desde Adavas hemos comenzado a llevar estas movilizaciones a diferentes barrios de Valladolid, en colaboración con las asociaciones de vecinos y otras organizaciones, con la intención de acercar nuestras reivindicaciones a distintos puntos de la ciudad y dar a conocer en ellos el trabajo que llevamos realizando desde hace más de 30 años.
El pasado 25 de marzo comenzamos con esta dinámica concentrándonos en la Plaza de la Solidaridad, en el Barrio de la Victoria. La convocatoria estuvo respaldada por la Asociación Vecinal Los Comuneros, la Asociación Cultural de Amas de Casa de la Victoria y el grupo Scoutt Gilwell, y reunió a más de un centenar de personas en una tarde gélida alrededor del recuerdo de las víctimas mortales de la violencia machista, 25 en lo que va de año (22 mujeres y 3 menores), y de la denuncia de los problemas estructurales que la posibilitan.
La próxima concentración será en la Plaza Fuente Dorada, el 25 de abril, mientras que en el mes de mayo nos desplazaremos de nuevo a otro barrio, con la intención de realizar estas concentraciones en el centro de la ciudad en los meses pares y en otros puntos de la ciudad en los meses impares.
Os dejamos el comunicado leído durante la concentración en el barrio de La Victoria:
En 2026 se están registrando las peores cifras de violencia machista de los últimos años. Si nos centramos en las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, no encontrábamos datos así desde 2020, año de la pandemia del COVID-19. A esto se le suman los casos de violencia vicaria, que ya ascienden a 3, siendo el peor inicio de año en violencia vicaria desde que existen estadísticas oficiales.
Esto no es casual, sino que corresponde a otra pandemia mucho más silenciosa que el COVID-19 pero más constante, el terrorismo machista. Si nos fijamos en los datos oficiales, estamos hablando de una mujer asesinada cada 5 días. Pero no sólo aumenta el número de casos, sino la violencia asociada a estos. Los informes revelan que se ha incrementado un 58% aproximadamente el número de golpes en las víctimas. Además, algunos de los homicidios se llevan a cabo en lugares públicos, a veces con la extensión de la violencia a los hijos e hijas. Tenemos el caso de la niña de 3 años asesinada por su padre en Torrevieja, que fue ahorcada; la mujer asesinada en Zaragoza, en plena calle cuando se dirigía a abrir la peluquería que regentaba; o el triple crimen de Miranda de Ebro, donde el agresor provocó un incendio en el bloque de pisos de su expareja.
Según una encuesta del Ministerio de Igualdad, 2,7 millones de mujeres de 16 años o más han sufrido violencia física o sexual por parte de parejas o exparejas en algún momento de su vida. Entre quienes han atravesado estas situaciones, dos de cada diez aseguran que la agresión ocurrió solo una vez, mientras que casi ocho de cada diez afirman que se repitió en más de una ocasión.
Los datos son alarmantes, sí, pero más alarmante resulta la inoperancia de un Estado que exige a las mujeres denunciar a sus maltratadores, pero luego no las protege. Y ponemos precisamente el foco en el Estado porque el problema no es sólo el Policía que juzga a la víctima cuando ella acude a denunciar, o el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que archiva la causa dejando a la víctima indefensa frente a su agresor. Es también la dejadez en muchas ocasiones por parte del personal sanitario a la hora de hacer el parte de lesiones que necesita la víctima para demostrar la violencia que está sufriendo, o para detectar situaciones de violencia de género en sus pacientes. La falta total de ética y de empatía de los juzgados de familia que dan custodias compartidas a hombres condenados por violencia de género para que sigan dañando a las madres, en nombre de un supuesto interés superior del menor. Es la falta de recursos económicos, materiales y humanos que se necesitan para proteger de manera efectiva a las víctimas. O la externalización sistemática de servicios que deberían ser públicos y que permiten un continuo abaratamiento de los costes por parte de las empresas que los gestionan.
No podemos dejar de fijarnos tampoco en la respuesta de la sociedad ante esta violencia. En estos años la mirada social ha cambiado, se condena la violencia de género mucho más de lo que se hacía antes, la mayor parte de nosotros y nosotras nos horrorizamos ante estas situaciones. Sin embargo, ante tanta brutalidad y violencia, acabamos cayendo en una normalización e insensibilización como mecanismo de defensa ante tanto horror, que nos puede llevar a no actuar ante casos que podemos tener cerca.
La solución a esta problemática no es fácil, pero desde luego no es imposible. Pasa ante todo por organizarnos y no callar, no mostrarnos indiferentes frente a una violencia que afecta a miles de mujeres en nuestro país, exigir que haya una voluntad política e institucional real y clara para terminar con la violencia machista.
