COMUNICADO ADAVASYMT 25 DE FEBRERO
4500 MUJERES VIVEN CON UNA PULSERA QUE geolocaliza a su
maltratador, como fórmula para tratar de protegerse de sus agresores
machistas, hay 51.099 mujeres que viven con protección policial por riesgo
alto de ser agredidas por sus parejas o exparejas, un 17% más que en el
año anterior, medidas que no han evitado que 11 mujeres hayan sido
asesinadas en lo que llevamos de año.
Además esta semana hemos conocido la sentencia al futbolista Dani Alves
donde es condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual,
de los cuales ya ha cumplido 13 meses desde que fue arrestado el 20 de
enero de 2023. Alves ha sido condenado a la pena mínima, cuando la
fiscalía pedía 9 años y la acusación 12 teniendo en cuenta que el tribunal
considera probado que empleó la fuerza física para agredir a la víctima.
En España se han rebajado las penas por violación, por si no había
quedado claro con las más de 1300 sentiencias revisadas a la baja desde
la entrada en vigor de la ley solo si es si, con la ley anterior a Dani Alves
le hubieran caído como mínimo 6 años, pero gracias a la ley de Irene
Montero, nos hemos vuelto antipunitivistas y celebramos las rebajas de
pena a los violadores. La pena impuesta es inferior a la que puede tener
un robo con violencia. En pocos meses el violador volverá a estar en la
calle. Encima tenemos que asistir a toda una retaila de políticas que salen
a los medios congratulándose de la sentencia, incapaces de empatizar con
las víctimas.
Es aberrante que aprecien la indennización económica como atenuante en
un individuo con una suficiencia sobrada de recursos, 150.000 es “una
cantidad ridícula en relación con el patrimonio (tan solo la casa de
Llobregat la compro por 5 millones de euros) y que se ha utilizado como
estrategia de la defensa para minar la credibilidad de la víctima, más aún
cuando el acusado no ha mostrado remordimiento alguno.
Es inacmisible que se utilice el dinero como reparación en los casos en los
que esta en juego la dignidad, la libertad sexual y la libertad de las mujeres,
que el dinero sea el único concepto a la hora de valorar la reparación del
daño, cuando la propia sentencia reconoce los daños adicionales, tiene
secuelas psicológicas, se la ha menospreciado y difamado, sus datos
personales se hicieron públicos.
Si, hay que reparar el daño a las víctimas, pero este se hace con una
sentencia justa y con una pena adecuada al daño causado. Utilizar el pago
de dinero como forma de reparación tiene un sesgo de clase, que genera
desigualdad, y que reafirma a quien tiene poder económico en su posición.
Una justicia para ricos y otra para pobres.
Falla, además, un sistema penal y procesal que revictimiza permanente a
las víctimas. Ya estamos acostumbradas a que los tribunales, en general,
apliquen las penas más bajas en los delitos cometidos contra las mujeres,
incluso como es el caso, estableciendo los hechos como probados y muy
graves. Evidentemente la gravedad de las penas es un elemento de la
prevención general y especial, del mensaje que se da, por un lado a la
sociedad de que una determinada conducta se considera ilícita y su
comisión conllevará un castigo, y por otro al propio culpable, para que
entienda que sus acciones acarrean consecuencias. Y afirmar esto es de
primero de derecho penal, no es en ningún caso punitivista.
Por último, es imprescindible preguntarse cómo se puede erradicar o
reducir la violencia sexual de todo tipo, aunque se reformen
adecuadamente las leyes, mientras los poderes públicos se inhiben frente
a la violencia de la pornografía y desde diversas posiciones políticas se
blanquea la prostitución. Sin olvidar que el consentimiento no deja de ser
una quimera como base de las relaciones sexuales ante posiciones de
poder desiguales.
