En lo que llevamos de 2024, han sido asesinadas 15 mujeres y 4 niños y niñas
por violencia machista. Uno de los últimos casos es especialmente sangrante
debido a la negligente actuación del Sistema de protección a víctimas, que dejó
a dos niñas en manos de un maltratador que había agredido físicamente en
múltiples ocasiones a la madre de las menores y por lo cual había una orden
de alejamiento, que por cierto, se saltaba continuamente. Todo el pueblo tenía
consciencia del peligro que suponía este hombre tanto para la mujer como para
las niñas y, sin embargo, quienes debían protegerlas las dejaron a su suerte.
Como resultado, las dos niñas han sido asesinadas, hecho que marcará a la
madre, de tan solo 23 años, de por vida.
Relacionado con esto, queremos exponer una problemática cada vez más
frecuente en los casos de mujeres maltratadas con hijos menores: la concesión
de custodias compartidas a los maltratadores. En los últimos años se están
dando cada vez con más casos de este tipo, en los que, una vez finalizada la
Orden de Protección, se le concede al padre la custodia compartida de los
menores.
Las Órdenes de Protección tienen una extensión temporal limitada, pero esto
no significa que el hombre no pueda seguir maltratando psicológicamente a la
mujer de múltiples formas, especialmente a través del control sobre los hijos.
Sabemos que muchos de estos hombres sólo piden la custodia a modo de
venganza sobre la mujer y como método para seguir controlándola, situación
que además se puede prolongar por muchos años si los hijos son muy
pequeños, quedando desprotegidas tanto las mujeres como los menores.
¿Dónde queda el interés superior del menor cuando se da la custodia a padres
maltratadores? ¿No será que se están tomando estas medidas con base en un
supuesto derecho del padre a ver a sus hijos a pesar de que, a nivel jurídico, tal
derecho no existe?
La violencia vicaria cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona
permanentemente a las mujeres, que las priva de autoridad y pone en duda su
palabra. Los imaginarios del “buen padre” y la “mala madre” conllevan a
escuchar y apoyar al hombre que juega a ser víctima, en vez de a esas
mujeres que, desesperadas, intentan hacer oír su voz para evitar que el padre
haga daño a sus hijas o hijos.
Además, queremos aprovechar para denunciar la injusticia que ha supuesto el
caso de Dani Alves. Como ya explicábamos en el mes pasado, Alves ha sido
condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual a una joven,
la pena mínima, cuando la fiscalía pedía 9 años y la acusación 12 teniendo en
cuenta que el tribunal considera probado que empleó la fuerza física para
agredir a la víctima. No olvidemos además que este hombre ha cambiado su
relato múltiples veces a lo largo del proceso judicial, y que su madre publicó
información privada e imágenes de la víctima para desacreditarla.
A pesar de todo esto, se le ha concedido la libertad provisional bajo fianza de
un millón de euros. Es inadmisible que se utilice el dinero como reparación en
los casos en los que está en juego la dignidad, la libertad sexual y la libertad de
las mujeres, que el dinero sea el único concepto a la hora de valorar la
reparación del daño. Por supuesto que hay que reparar el daño a las víctimas,
pero esto se hace con una sentencia justa y con una pena adecuada al daño
causado. Utilizar el pago de dinero como forma de reparación tiene un sesgo
de clase, que genera desigualdad, y que reafirma a quien tiene poder
económico en su posición.
Una justicia para ricos y otra para pobres.
