Como asociación, tenemos la responsabilidad de hablar de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud de las mujeres. El movimiento feminista debe ser crítico y contundente siempre que se pongan en riesgo nuestros derechos. Es por ello que queremos explicar nuestra posición sobre lo que está ocurriendo en Ceuta.
En primer lugar, denunciamos la falta de datos claros sobre el número de agresiones sexuales que se han producido hasta el momento. Como en cualquier otro contexto, sabemos que el número de hechos conocidos no coincidirá con las cifras reales de violencia sexual. Como hemos explicado en anteriores comunicados, existe una gran cifra negra en este tipo de delitos, es decir, de víctimas que no denuncian ni acuden a los servicios de ayuda. Sin embargo, resulta escandaloso que las diferentes administraciones no se pongan de acuerdo a la hora de informar sobre el número de casos de agresión sexual de los que tengan constancia.
El dato que resulta más fiable es el de la Fiscalía del área de Ceuta, que habla de 13 agresiones sexuales denunciadas desde la entrada masiva de inmigrantes hasta el 17 de agosto. En cuanto a los agresores, 2 de ellos eran de nacionalidad española y los 11 restantes, extranjeros en situación irregular. Las víctimas, por su parte, eran todas migrantes.
Los contextos migratorios y de crisis aumentan el riesgo de violencia contra las mujeres en todas sus formas, especialmente la violencia sexual y la trata de personas. No depende de la cultura o etnia de los agresores, sino de las oportunidades para cometer estos delitos. Como ejemplo, la guerra en Ucrania alimentó las redes de trata de mujeres y los vientres de alquiler. Desde ADAVAS denunciamos la utilización de las víctimas por parte de las organizaciones de ultraderecha para sostener un discurso sesgado y racista, cuando en otros momentos niegan la violencia de género e incluso ponen en duda a las víctimas. Esperamos que se logre identificar a todos los agresores y caiga sobre ellos el peso de la ley, sea cual sea su procedencia.
Por otra parte, resulta bochornosa la inacción por parte de del gobierno a la hora de dar respuesta a esta crisis. Han tenido que ser los propios vecinos y vecinas de Ceuta, dentro de sus posibilidades, quienes han creado campamentos para las mujeres y niñas donde puedan tener cubiertas sus necesidades básicas. Sin embargo, muchas de ellas siguen estando desprotegidas y en situación de calle.
El Ministerio de Igualdad informa de que actualmente sólo están cubiertas 5 de las 14 plazas residenciales que tiene el Centro de Crisis 24H para víctimas de violencia sexual, que además ha prolongado el tiempo de estancia de las 72H habituales a la situación concreta que tenga cada víctima. También han mencionado que no ha habido ninguna llamada al 016, pese a que a través de una ONG han estado informando a las mujeres recién llegadas de la existencia de este servicio. Lo que parece no entender el Ministerio de Igualdad es la realidad que viven estas mujeres, en condiciones infrahumanas y sin tener cubiertas sus necesidades básicas, lo que, sumado al miedo de ser expulsadas del país, dificulta enormemente que acudan a los servicios especializados. Es inaceptable que, casi un mes después, las administraciones no hayan habilitado espacios separados por sexos donde las mujeres puedan estar seguras y poder prevenir de manera efectiva la violencia sexual. Además, esperamos que se realice cuanto antes el traslado de todas las menores a la península para garantizar los derechos de la infancia, y dejen de convertir esta crisis en un pulso entre los diferentes partidos políticos.
Recordamos también la existencia de los Fondos del Pacto de Estado y esperamos que se estén empleando para esta función, ya que, como hemos denunciado muchas veces, acaban siendo malgastados en actividades que poco o nada tienen que ver con la prevención de la violencia de género. Por desgracia, desconocemos cómo se está implantando esto.
Por último, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y personas feministas a posicionarse en esta cuestión. No podemos callar cuando los derechos de las mujeres están en peligro.
