La Fiscalía constata un incremento de la violencia psicológica y digital contra las mujeres durante la pandemia

Sep 27, 2021 | General, Noticias, Violencia

A lo largo del pasado año 2020, el descenso de la violencia física se produjo «sin duda porque el agresor» contaba con el «control total de su víctima», analiza el ministerio público en su memoria anual

Los fiscales claman por una definición más amplia de la violencia machista, exigen una mayor dotación de recursos y piden homogeneizar los protocolos para terminar con las diferencias territoriales

Las denuncias registradas cayeron hasta las 150.785 y los crímenes machistas dejaron el mínimo histórico de 47 víctimas mortales

Una mujer levanta las manos en una concentración contra la violencia machista este mes de agosto en Madrid.
l número de denuncias ha experimentado un notable descenso y la cifra de feminicidios ha dejado mínimos históricos. Sin embargo, la violencia contra las mujeres no se ha esfumado en el año de la pandemia: al contrario, se ha amoldado a otras formas, como el maltrato psicológico y digital. Son algunas de las conclusiones que esboza la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, publicada este lunes, la primera que analiza los efectos del coronavirus en asuntos de calado como la violencia de género. «La violencia física denunciada o aflorada disminuyó», reconoce el ministerio público, «pero no la psicológica y la cometida digitalmente que, en este periodo, ha sufrido un notable incremento».

Los motivos que expone el informe vienen a confirmar las sospechas de los expertos: el confinamiento y las restricciones han servido para amortiguar los golpes más visibles de la violencia machista, pero esta ha conseguido mantener en vilo a cientos de miles de mujeres. El descenso de las agresiones físicas se produjo «sin duda porque el agresor» contaba con el «control total de su víctima», así que «no precisaba de la fuerza». Sin embargo, añaden los fiscales, «no podemos concluir que haya existido una disminución real de la violencia de género».

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Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recogidos por el Ministerio Fiscal, el año pasado se formularon 150.785 denuncias por violencia de género, 17.272 menos que el curso anterior. «A pesar de la reducción de las denuncias, es evidente que la obligada convivencia las 24 horas del día con el agresor ha sido una durísima prueba para las mujeres que, además, ha multiplicado las dificultades» para acudir a las autoridades, reconoce la memoria.

La caída del número de denuncias, lejos de albergar algún tipo de lectura positiva, es entendida por los fiscales como consecuencia directa del confinamiento, un fenómeno que ha «aumentado la cifra negra existente en esta delincuencia» pero además ha apuntalado «la desconfianza hacia el sistema judicial» por parte de las mujeres. Sólo un 15% de las víctimas mortales había presentado denuncia previa. El total de feminicidios registrados el pasado año fue de 47, doce menos que el ejercicio anterior y la cifra más baja desde que existen datos.

Diferencias territoriales

El lugar de residencia sí importa. Es otra de las conclusiones que perfilan los fiscales, quienes detectan diferencias territoriales que pueden ser determinantes para las mujeres. Sólo once de las víctimas mortales perdieron la vida en capitales de provincia: el resto, un 76% del total, residían en la periferia. Este hecho, resalta la Fiscalía, «pone sobre la mesa la necesidad de un mayor despliegue territorial para que los medios y recursos lleguen a todas y cada una de las mujeres víctimas de violencia de género dondequiera que residan».

Los problemas que tienden a detectar los profesionales, como el exiguo número de equipos y centros –en lo que respecta a las oficinas de atención a las víctimas y unidades de valoración forense integral–, se acentúan en el ámbito rural. Esta realidad, unida a las diferentes formas de actuar de los profesionales en función del territorio en el que operen, exige la «elaboración de un protocolo marco a nivel nacional». 

En paralelo al descenso en el número de denuncias, también 2020 registró una merma en las sentencias dictadas, aunque aumentó el porcentaje de las condenas hasta alcanzar el 73,01%. La misma dinámica la experimentaron las medidas cautelares: si bien se solicitaron menos, la tasa de órdenes concedidas escaló hasta el 71%. La pandemia ha dejado, por otro lado, una particularidad en cuanto al quebrantamiento de las medidas. «El confinamiento y la limitación de la movilidad» conlleva una «clara limitación para que el agresor pueda acercarse a la víctima con la que no convive», así que el incumplimiento de condena se ha producido esencialmente a través de las redes sociales. A modo de ejemplo, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha entendido como quebrantamiento de la orden de alejamiento la publicación de un estado de WhatsApp a través del cual el agresor se dirigía, implícitamente y sin mencionarla, a su víctima: «Voy a despedazar tu ridícula y estúpida familia en cuestión de segundos, te doy mi palabra, ya van a pasar seis meses», decía el mensaje.

Especialmente duros han sido los incumplimientos de las medidas que terminaron con el asesinato de la víctima, un fracaso que lleva a la Fiscalía a condenar la «escasa y lenta reacción judicial«·

Violencia vicaria y víctimas colaterales

Un año más, el ministerio público lanza una férrea condena contra la violencia vicaria, aquella que se ejerce contra los hijos para ejercer «el máximo daño imaginable a la mujer». Lo hace con la mirada puesta en las niñas de Tenerife secuestradas y asesinadas por su progenitor con el «único y evidente objetivo de causar a su exmujer un daño de imposible recuperación». La Fiscalía cree urgente incluir a los menores en las valoraciones de riesgo, para lo que se hace necesario un aumento de las unidades de valoración y una dotación suficiente de recursos.

El pasado año 2020 dejó además 28 menores huérfanos y trece víctimas colaterales. «Especialmente crueles [observa la memoria], los golpes propinados por sus respectivos padres a un bebé de cinco meses y a una niña de diez años, ambas ingresadas en el hospital en estado muy grave».

Ampliación de la ley

El Ministerio Fiscal pone nuevamente el acento en una necesidad que es ya clamor: la ampliación de la definición de violencia de género contenida en la Ley de 2004. «Es imprescindible abordar» un nuevo encaje de la violencia contra la mujer, en línea con las recomendaciones internacionales y en consonancia con los pasos dados ya por algunas comunidades en sus normativas autonómicas. Esta ampliación será necesaria no sólo para abordar la violencia fuera de la pareja o expareja, sino también para dar respuesta a las nuevas relaciones afectivas que se dan entre las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas que se desarrollan online.

«Urge abordar el marco legal y protector de los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías», herramientas que comienzan a tener un papel relevante en el marco de la violencia de género. «La evidencia de que las relaciones afectivas comienzan cada vez más jóvenes, su desarrollo online de corta duración pero gran intensidad, nos enfrenta a múltiples y variadas situaciones de dominio, control y maltrato psicológico y físico del varón sobre la mujer», analizan los fiscales. Se trata de conductas bien conocidas que se adaptan a nuevas formas, pero que constituyen «la esencia de la violencia de género» y que, sin embargo, «difícilmente pueden incluirse en el concepto de relación afectiva que exige nuestro Código Penal». De ahí, subraya el análisis, la imperiosa necesidad de ampliar el concepto de violencia de género para no dejar a nadie fuera.

Enlace al artículo original: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/09/07/menos_denuncias_asesinatos_pero_mas_violencia_invisible_pandemia_dispara_maltrato_psicologico_digital_contra_las_mujeres_124221_1012.html