Por Laura Nuño Gómez
Profesora Titular de Ciencia Política
Universidad Rey Juan Carlos
RESUMEN: La crisis financiera y económica ha desembocado en una grave crisis social. El impacto que tiene en términos de clase social es un lugar común, sin embargo tiende a olvidarse el que tiene sobre las mujeres. La crisis y el estrangulamiento del modelo de bienestar están precarizando el empleo femenino e incrementando la feminización de la pobreza y la división sexual del trabajo. A su vez, el integrismo sexista (ya sea laico o religioso) considera la igualdad de género y la libertad de las mujeres como un enemigo a batir. Pero si para la reacción patriarcal dar marcha atrás es un asunto prioritario y para los sectores supuestamente comprometidos con la igualdad garantizarla es un asunto periférico, todo apunta a que la batalla se saldará a favor de los primeros.
“La desigualdad de género en el mundo del trabajo está entre nosotros desde hace tiempo, pero es probable que se acentúe como consecuencia de la crisis. En tiempos de turbulencia económica, las mujeres con frecuencia experimentan las consecuencias negativas con mayor rapidez y se benefician de la recuperación más lentamente”. Declaraciones de Juan Somavia, Director General de la OIT, en la presentación del Informe “Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres” (2009).
1.- LIBERAL Y NEUTRAL: UNA DOBLE CONDENA PARA LAS MUJERES
Desde 2008 la economía mundial ha sufrido una crisis financiera, que rápidamente se transformó en económica y que hoy se presenta como una grave crisis social. La reacción de los diferentes países de la Unión Europea se ha orientado a adoptar medidas para atender las dos primeras, despreciando o postergando posibles acciones frente a la tercera.
Los efectos de la receta neoliberal están profundizando las desigualdades sociales y provocando una crisis de legitimidad institucional sin precedentes. En el estado español, el escenario se agrava por la magnitud de la crisis, la deriva antisocial de la acción gubernamental y la cascada ininterrumpida de casos de corrupción que afectan prácticamente a todas las instituciones. El impacto de la crisis y de su gestión en la clase social es un lugar común, pero ¿lo es también el impacto que tiene en la clase sexual?
Muchos son los colectivos que están viendo cómo sus condiciones materiales de vida se están deteriorando hasta términos insospechados, inimaginables hasta hace pocos años. Y son precisamente las personas que antes de la crisis estaban en una posición de mayor vulnerabilidad las que tienen todas las papeletas.
Casi la cuarta parte de la ciudadanía europea (23%) vive en riesgo de pobreza o de exclusión social; la proporción de mujeres es significativamente superior y amenaza con serlo aún más. La crisis está afianzando la desigualdad de género; precarizando el empleo femenino, reforzando la división sexual del trabajo, la brecha salarial y, en general, todo el sistema que abona y retroalimenta la feminización de pobreza.
Estamos ante unas políticas que se pretenden neutras en términos de género y ante un liberalismo que niega las libertades por omisión. La defensa de un darwinismo social ciego a privilegios, diferencias y especificidades, distribuye la milonga de que lo mejor para el progreso de las sociedades es reducir la intervención institucional. La primera incongruencia de estas tesis es que la distribución desigual de los medios o de las oportunidades vuelve desigual el valor de la libertad. Por ello, el liberalismo y las libertades individuales tienen una lógica contradictoria o esquizofrénica, en la medida que las condiciones materiales que propugna el primero, impiden el ejercicio de las segundas. La trampa de las teorías liberales es considerar la libertad sólo en su sentido negativo (como ausencia de impedimentos), ignorando premeditadamente su contenido positivo, en el sentido de procurar las condiciones para que el ejercicio de la misma sea posible, independientemente del sexo de cada cual.
Son sonadas las declaraciones públicas que, desde las filas conservadoras, pretenden negar la autonomía de las mujeres para decidir sobre su maternidad, los techos de cristal o la necesidad de las cuotas y, ya puestos a negar, niegan hasta la pertinencia de las políticas de igualdad. El protocolo oficial es apostar por unas políticas que tildan de neutras y con impacto de género “nulo” que, lejos de serlo, retroalimenta la desigualdad y por un modelo neoliberal que niega el ejercicio de las libertades individuales.
Por ello, si las políticas presupuestarias refuerzan la vulnerabilidad de las mujeres, las políticas neutras en términos de género, rematan la jugada. Como guinda, el rearme del liberalismo patriarcal se acompasa con una cruzada conservadora que considera la igualdad de género y la libertad de las mujeres como uno de sus principales enemigos a batir.
2.- LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES: SITUACIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL
Victoria Camps afirmaba hace tres lustros: “si en tiempos lejanos, lo que otorgaba derechos políticos a los ciudadanos era su condición de propietarios, gracias al reconocimiento de la igualdad a través de los derechos sociales, ahora es el trabajo lo que otorga un derecho a la ciudadanía no meramente formal. Ser ciudadano de pleno derecho implica tener una renta. Y la renta, salvo en el caso de cuatro privilegiados, se adquiere a través del trabajo” . Los efectos de la supuesta neutralidad liberal no se han hecho esperar en la igualdad de género en el mercado laboral y en lo que ello implica de ejercicio de una ciudadanía sustantiva.
El Informe sobre Desigualdad de Género, que elabora anualmente el Fondo Económico Mundial, concluye que del año 2011 al 2012 España ha retrocedido doce puestos en el ranking mundial; pasando de ser el decimocuarto país con mayor igualdad de género del mundo a ocupar la vigesimosexta posición. En términos comparados, logra la peor clasificación en participación y oportunidades económicas, indicador que hace referencia a la distancia de género en la empleabilidad, en los salarios y en el empleo cualificado .
A contracorriente de lo observado en la mayoría de los países, que en el último año han conseguido reducir la brecha de género en la actividad económica, en España ésta ha empeorado de forma sustancial, fundamentalmente debido a la precarización del empleo femenino y a la brecha salarial .
En lo relativo a la empleabilidad femenina se observa, sin embargo, un cambio de tendencia. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), referidos al IV trimestre de 2012, la tasa de desempleo masculina fue del 25,6% y la femenina del 26,5%. Pese a la magnitud de las cifras, la distancia de género (DG) no representó ni el 1%, proporción significativamente inferior a la observada antes de la crisis cuando el paro femenino prácticamente duplicaba el masculino. A su vez, la DG en las tasas de actividad se ha reducido del 20,3%, observado en el año 2007, al 13,1% en 2012 . Si bien es cierto que la orientación de las mujeres hacia el empleo se ha incrementado durante los últimos años, no lo es menos que su objetivo ha sido compensar la reducción o desaparición de la renta familiar previamente aportada por el varón sustentador .
En un contexto global atravesado por el patriarcado, el trabajo remunerado femenino en contexto de crisis o pobreza tiene un componente subsidiario, vinculado a las necesidades económicas familiares, no a la igualdad de género. Es, como veremos, un trabajo precario y desesperado . Claro ejemplo es que, el único país del mundo donde la actividad remunerada de las mujeres es superior a la de los hombres es Mozambique y en los que la distancia de género es inferior son Burundi, Papúa Nueva Guinea, Malawi, Ruanda, Tanzania, Ghana, Camboya, Madagascar, Uganda y Vietnam . Países, todos ellos, que se encuentran entre los más pobres del mundo y en los que la situación de las mujeres lejos está de ser envidiable.
Por tanto, la reducción de la distancia de género en el desempleo o la actividad, no puede interpretarse como un síntoma sin más de igualdad o como una mejora de la posición social de las mujeres. En concreto, en nuestro país, es reflejo del deterioro de la situación del empleo y del impacto diferencial que la crisis, inicialmente, tuvo en el empleo masculino y femenino.
Aclarado este aspecto, conviene advertir que los datos oficiales tienden a subestimar las cifras del desempleo femenino. Pese a la constatación de un cambio de tendencia en la orientación de las mujeres hacia el empleo, la distancia de género real en las tasas de desempleo es superior a la anteriormente indicada. En efecto, los datos públicos no contabilizan de manera eficaz el paro femenino: no interpretan el impacto diferencial del paro de larga duración, donde la presencia de mujeres es más elevada , ni tienen en cuenta que una proporción significativa de mujeres termina por identificar una situación de desempleo sostenida con la inactividad.
La EPA sólo considera como desempleadas a las personas que están en búsqueda activa de empleo. La aplicación de esta condición ha disminuido de forma considerable la proporción de este colectivo en general; pero, especialmente, el de las mujeres, cuyas prácticas en la búsqueda de empleo se ajustan en menor medida a los requisitos que esta metodología contempla.
A los errores de medición, que invisibilizan una parte del desempleo femenino, se suma una mayor vulnerabilidad de las mujeres en paro. Las desempleadas tienen una posición económica más precaria en la medida en que es menor la proporción que tiene derecho a prestación por desempleo y, en caso de percibirse, la remuneración recibida es inferior . Así, las mujeres desempleadas corren mayor riesgo de estar en situación de pobreza pero, las que no lo están (como veremos) tienen mayor probabilidad de tener un empleo precario y cobrar salarios o pensiones más bajas .
Si algo caracteriza la evolución del empleo femenino durante la crisis es la generalización su precariedad. En la Unión Europea se observa un incremento significativo de la brecha salarial (con 17% de media) y un aumento del empleo femenino precario, temporal, a tiempo parcial o los denominados “mini jobs” destinados a mujeres con pretensión u obligación de conciliar.
Acorde con esta tendencia, en España se ha incrementado la jornada a tiempo parcial , donde la presencia femenina es mayoritaria (75,8%); aunque es masiva cuando se explica como estrategia para atender las responsabilidades familiares (96,3%) .
La temporalidad es una seña de identidad del mercado laboral español. Somos, tras Polonia, el país de la Unión Europea con menor proporción de empleos de duración indefinida. Así mientras en el mercado laboral comunitario (UE-27) uno de cada siete contratos es eventual (14,4%), aquí lo son algo más de la cuarta parte (25,6%), proporción que es ligeramente superior entre las mujeres .
Pero si la temporalidad es una seña identitaria de nuestro mercado laboral, la sobrecualificación y la precariedad lo son, específicamente, del empleo femenino. Como recoge el informe sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo “por lo que respecta a las mujeres que han conservado su empleo, las cualificaciones requeridas para este último suelen estar por debajo de la formación recibida y del nivel del título obtenido”. En España, con unas tasas de formación universitaria femenina superiores al promedio europeo, la sobrecualificación es un denominador común en la empleabilidad de las mujeres.
La precariedad se traslada también a los salarios. Según la OIT , en la mayoría de los países, las mujeres perciben por un trabajo de igual valor entre el 70% y el 90% de la remuneración que reciben los hombres, observándose diferencias incluso superiores (máxime si además convergen responsabilidades familiares). Como ocurriera con la medición del desempleo, concurren también olvidos que desvirtúan el impacto real de la brecha de género salarial, como es el caso de las mujeres con actividad en el sector agrícola, en negocios familiares o en el empleo informal. Sectores, donde es menor remuneración perciben; por lo que se estima que la brecha es incluso superior .
En nuestro país, la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha incrementado de los 5292,7 euros anuales, estimados en 2008, a 5744,5 en el año 2010 y siete de cada diez personas asalariadas con remuneraciones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) son mujeres. La discriminación salarial se ha instalado como un mal endémico del mercado laboral y, en un contexto donde la oferta de mano de obra es muy superior a la demanda, está aumentando significativamente.
El pronóstico no permite ser optimistas. La destrucción de empleo se cebó, al inicio de la crisis, en la construcción y en el sector industrial. Ahora se concentra en sectores feminizados como es el sector servicios o las administraciones públicas. No en vano, el 71,6% de la ocupación perdida durante el último trimestre de 2012 fue en el sector servicios, que es donde inscriben su actividad el 88,4% de las mujeres ocupadas .
En la función pública a los sucesivos recortes salariales se suma ahora el de las plantillas. Sólo el año pasado se estima que destruyó entre un 7% y un 9% del empleo público, proporción que en el sector privado fue significativamente inferior (4,3%). En buena lógica, son las personas con empleos temporales o no indefinidos las que en mayor medida están en riesgo de ser pasto de la política depredadora hacia el sector público. Nuevamente el impacto diferencial se salda en detrimento de las mujeres en la medida que casi la cuarta parte de las asalariadas en sector público tienen contratos con carácter temporal (23,4%), proporción que representa el 14,8% en el caso de los empleados .
La tendencia observada desde el inicio de la crisis apunta hacia un incremento de la precarización del empleo femenino, de la jornada a tiempo parcial y de la brecha salarial. Por ello, salvo que se cambie radicalmente la orientación de las políticas públicas, reconduciendo el pretendido enfoque neutro, la evolución parece estar clara.
3.- EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD EN LA DESIGUALDAD DE GÉNERO
La evaluación del impacto de la crisis y de las políticas de austeridad no puede ignorar el efecto que éstas tienen en el trabajo no remunerado, un aspecto que ignoran las estadísticas oficiales. El estrangulamiento de la economía familiar unido al de los servicios públicos traslada a los hogares la producción de bienes y servicios que con anterioridad proveía el sector público o se adquirían mediante precio en el mercado. Pero el incremento del tiempo invertido en la producción doméstica no se distribuye por igual entre mujeres y hombres. Recae, fundamentalmente, en las primeras.
Por ello, las políticas de austeridad presupuestaria representan una doble penitencia para las mujeres que ven cómo, a su precariedad laboral, se suma la gestión social del cuidado que dejan de atender las instituciones públicas y que la economía familiar -gravemente mermada por la crisis- no puede adquirir en el mercado.
La atribución diferencial de tiempos y tareas entre mujeres y hombres tiene un notable impacto en la desigualdad de género . La asunción de la producción doméstica no sólo limita la disponibilidad de las mujeres en el mercado laboral sino que coloniza su espacio privado . Escenario que impide, a su vez, el disfrute un tiempo para sí o “una habitación propia” (en palabras Virginia Wolf) y provoca una disponibilidad condicionada, penalizada en un mercado laboral que prima el presentismo laboral.
Lógicamente, la organización de la gestión del cuidado y las políticas de conciliación existentes afectan de manera directa a la empleabilidad de las mujeres. Durante las dos últimas décadas, el vínculo entre la tasa de ocupación femenina y la sostenibilidad financiera del modelo social y de protección social europeo , ha provocado un interés creciente en el ámbito comunitario por impulsar políticas en materia de conciliación.
Sin embargo, como el tratamiento de la conciliación depende del modelo de bienestar existente en cada país (es decir, a la distribución entre la tríada del bienestar de la gestión social del cuidado) y de las relaciones de género que se impulsen, las políticas implementadas en la materia son muy heterogéneas.
Así, atendiendo a la distribución de la gestión social del cuidado y a la orientación de las políticas públicas desde una perspectiva de género, el entorno europeo podría clasificarse en tres grandes grupos : 1) Países que optan por el reequilibrio tanto de la asimetría público-privado como de las relaciones de género; 2) Países que orientan sus políticas públicas a la compensación de las tareas del cuidado, reequilibrando la relación público-privado, pero afianzando la división sexual del trabajo y 3) y aquellos que optan por una regulación restrictiva, sin asumir costes directos y con una intervención más bien pasiva; todo lo cual promociona el desequilibrio entre el trabajo productivo y reproductivo así como la asimetría de las relaciones de género.
El primer grupo, que se caracteriza por la desmercantilización del cuidado, estaría abanderado por Dinamarca, Suecia y Finlandia . La orientación de sus políticas públicas tiende a integrar familia y empleo. Las relaciones entre políticas familiares y políticas de género son convergentes y no contradictorias, de forma que las políticas familiares se orientan a atenuar los efectos negativos de la conciliación de las responsabilidades familiares en la empleabilidad, así como a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Así, los permisos y licencias parentales contemplan una tasa de reemplazo salarial y, en algunos casos, un periodo no transferible, de uso exclusivo, de cada progenitor (como en Suecia, Bélgica, Dinamarca o Alemania). A su vez, el mercado laboral suele caracterizarse por cierta flexibilidad en la jornada de trabajo, de forma que la misma pueda adaptarse a las responsabilidades del cuidado.
El segundo grupo se orienta a compensar económicamente unas tareas del cuidado que se derivan hacia la unidad familiar (se observa esta orientación en Hungría, Países Bajos, Eslovenia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Lituania y República Checa). Aunque las políticas públicas compensan la pérdida salarial que supone la retirada del mercado laboral de un miembro de la familia, su enfoque neutro tiende a reforzar la división sexual del trabajo .
Pero es el tercer grupo el que provoca mayor exclusión social y discriminación de género. Las licencias parentales no contemplan una tasa de reemplazo salarial mínima por lo que su uso es poco frecuente. La debilidad de la intervención pública obliga a que el cuidado se mercantilice o se familiarice. Irlanda y Reino Unido tienden a la mercantilización del cuidado (derivando hacia el mercado la gestión de dichas responsabilidades) y el modelo mediterráneo (España , Italia, Grecia, Portugal, Chipre y Malta) desplaza el mismo hacia la malla de solidaridad familiar (tanto en los aspectos relativos a la prestación del servicio como a su financiación). Por lo que son precisamente estos últimos donde existe mayor asimetría en la distribución del trabajo doméstico y asalariado y mayor desigualdad de género.
En concreto, en el caso español, las políticas en materia de conciliación suelen tener un enfoque neutro y son generosas en tiempos (o permisos no retribuidos) pero no en recursos (prestaciones económicas o servicios públicos destinados a atender las responsabilidades familiares). Escenario que se ve agravado por la concurrencia de dos factores que abonan la división sexual del trabajo como es un mercado laboral poco flexible y políticas familiares débiles o pasivas.
En consecuencia, antes de la crisis, España era el cuarto país con mayor desigualdad de género en la ocupación (tras Italia, Grecia y Malta); el segundo con respecto al desempleo (tras Grecia); el tercero en eventualidad (tras Chipre y Finlandia) y se encontraba por encima de la media con respecto a la segregación sectorial y ocupacional .
Todo parece indicar que este escenario empeorará. La reforma laboral , la suspensión de la ampliación del permiso de paternidad, el incumplimiento de la Ley de la dependencia y el recorte generalizado de los servicios públicos, reforzarán la división sexual del trabajo y la desigualdad de género. Porque cuando desaparecen o disminuyen los servicios públicos del cuidado, su gestión se asume (en términos de trabajo o de coste) por la malla de solidaridad familiar; malla que tejen madres, compañeras e hijas de forma gratuita o, en el caso de que la economía familiar pueda sufragar su externalización, otras mujeres (migrantes fundamentalmente). Cadenas globales del cuidado que implican que, tanto si su gestión se familiariza como si se mercantiliza, es asumida por mujeres.
Las elevadas tasas de desempleo y los efectos de la crisis, lógicamente, han afectado a la debilitada capacidad económica familiar y la gestión del cuidado tiende a familiarizarse en detrimento de su mercantilización, hecho que nuevamente repercute en las mujeres. Tanto en aquellas que asumen su gestión en el ámbito familiar de forma no remunerada como en el colectivo de empleadas domésticas que pierden los ingresos que percibían por dicha actividad (en muchos casos de carácter informal, por lo que no cuentan con salario de sustitución ni prestación económica alguna).
La crisis está reforzando la desigualdad de género y, en consecuencia, está incrementando la violencia de género y la vulnerabilidad de las mujeres. Sin embargo, la inversión destinada a políticas de igualdad -que representó el 0,017 de los Presupuestos Generales del Estado de 2013- ha sido una de las mayores damnificadas de los recortes presupuestarios. Del año 2012 al 2013, la reducción de la aportación económica del Estado para la financiación de las diferentes partidas ministeriales representó como promedio el 8,9%, proporción que se cuadruplicó en el caso de las políticas de igualdad. Si bien es cierto que la reducción de la inversión pública destinada a la lucha contra la violencia de género ha sido menor, no lo es menos que el origen de la misma es, precisamente, la desigualdad de género. Así que si la foto no es buena, el pronóstico se presenta demoledor. Máxime porque -como veremos a continuación- la reacción patriarcal contra los avances conseguidos, campa a sus anchas en el escenario español.
4.- A RÍO REVUELTO, REACCIÓN PATRIARCAL
Es un espejismo óptico considerar que la evolución de los derechos y libertades de las mujeres es un proceso lineal en constante avance. No es así. Como acertadamente denunció Susan Faludi “un gráfico acertado de los progresos de la mujer estadounidense a lo largo de la historia se parecería bastante a la figura de un sacacorchos ligeramente inclinado hacia un lado, cuyas espirales, con el transcurso de tiempo, se acercan cada vez más a la línea de la libertad, pero que, como una curva matemática que se aproxima al infinito, nunca alcanza su objetivo. La mujer estadounidense está atrapada en esa espiral asintótica que gira sin cesar a lo largo de las generaciones acercándose cada vez más a su destino, pero sin alcanzarlo nunca… la espiral hace que vuelva atrás cuando está a punto de alcanzar la línea de meta. Una y otra vez, la mujer estadounidense oye una voz que le dice que es necesario que espere un poco más… Esta pauta de que las esperanzas de las mujeres terminan con una decepción no es privativa de la historia de los Estados Unidos ni de la época moderna”.
Si bien es cierto que el análisis histórico permite afirmar que la evolución de la igualdad de género ha sido una de las mayores revoluciones sociales del pasado siglo, no lo es menos que el camino se ha transitado con pasos hacia adelante y alguno hacia atrás. Así, cada conquista histórica se ha acompañado de una reacción inmediata. Por cada avance, hay un esperado contraataque y no faltan ejemplos sobre esta dinámica reactiva .
Así, en la actualidad en España, los recortes presupuestarios conviven con un contundente ataque contra las libertades de las mujeres que nada tiene que ver con el saneamiento de las arcas públicas ni con la famosa prima de riesgo. Cual lluvia ácida, una suerte de revanchismo patriarcal está impregnando el discurso y las prácticas políticas dominantes.
El problema de fondo es que el poder que gana cualquier colectivo subordinado lo pierde aquel que ejercía el dominio sobre el mismo y, por ello, las políticas de igualdad pueden considerarse, en la línea apuntada por Lester Thurow, como un ejercicio de suma cero (en el sentido de que el poder que gana el colectivo dominado lo pierde el dominante). Por ejemplo, el incremento de la presencia femenina en posiciones que comporten poder, inevitablemente, implicará una pérdida del monopolio ejercido por los varones, una cesión de poder en términos materiales y simbólicos al que no parece estar dispuesto todo el mundo .
Como defender directamente la cultura del privilegio no parece razonable, el discurso termina vistiéndose de diversas formas: como burla abierta, violenta cruzada tradicionalista, sexismo paternalista, mística de la feminidad, discurso del elogio, teoría de la complementariedad, esencialismo naturalista, hipersexualización de la identidad de las mujeres o con el subterfugio con el que cada cual se encuentre más cómodo. Y así, la reacción se acompaña de argumentos tan peregrinos como que la incorporación al mercado laboral de las mujeres es la responsable de su subordinación , que las políticas de igualdad discriminan a los varones, que la desigualdad de género es un asunto del pasado o, simplemente, que se ha llegado demasiado lejos.
Se ha de reconocer que, una de las estrategias más corrosivas de la reacción patriarcal, es que atraviesa grupos y colectividades diversas y, por ello, pese a que las personas que defienden esta posición puedan adscribirse a ideologías políticas divergentes, existe consenso en el objetivo común: volver a la situación pretérita y, con ello, recuperar el monopolio de los varones de los espacios que comporten poder, conservando el histórico privilegio de género.
Este elemento común a la reacción patriarcal adquiere, en nuestro país, un arraigo más profundo porque la evolución en materia de igualdad ha sido un proceso más veloz que el observado en nuestro entorno más inmediato. No se puede ignorar que cuando España se incorpora a la Europa comunitaria salía de las catacumbas y, por tanto, no eran pocas las tareas pendientes si se pretendían cumplir las exigencias de la legislación europea en la materia. Como el avance ha sido más rápido, la reacción y la resistencia han sido más intensas.
No facilita el asunto que los sectores más reaccionarios a la igualdad de género cuenten con el respaldo del imaginario cultural de lo latino-mediterráneo y con arenga del discurso apocalíptico de la poderosa jerarquía católica local . Tampoco se quedan al margen algunas mujeres que utilizan el púlpito público, del que disfrutan gracias a la histórica vindicación feminista, para sumarse al discurso de los cruzados de la tradición sexista.
La pretensión es ahora erradicar todo aquello que tenga que ver con lo que el neoconservadurismo ha venido a denominar “la ideología de género”. Curiosa denominación que se ha popularizado sin problema pero que resulta francamente paradójica. Cabría interpretar que el término aludido calificara aquellas prácticas políticas o culturales, cuya pretensión es distribuir derechos, deberes y oportunidades atendiendo al sexo de cada persona. Pero bien sabemos que no es así. El término “ideología de género” es utilizado por la reacción patriarcal precisamente para lo contrario, para tildar despectivamente aquellas propuestas teóricas o políticas que se oponen, precisamente, a la ideología que pretende distribuir roles y derechos en función del género. Se ha de reconocer, pese a ello, que su significado o connotación se ha incorporado al argot lingüístico sin demasiada oposición por parte del sentido común y que la batalla por el control verbal, nuevamente, se ha saldado a su favor. Tildada de ideología de género pretende eliminarse, por ejemplo, el contenido de la asignatura “educación para la ciudadanía” orientado a educar y socializar a la población más joven en la igualdad, la dignidad de las personas y la no violencia .
5.- LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS MUJERES: ¿UN ASUNTO PERIFÉRICO O PRIORITARIO?
Hace más de tres décadas Heidi Hartmann definía la relación entre el marxismo y el feminismo como un matrimonio “mal avenido”. Años después Celia Amorós calificaba de “amistades ruinosas” a aquellas entre el feminismo y los partidos u organizaciones de izquierdas que consideraban la desigualdad sexual como un objetivo de segundo orden. Y, aunque las cosas han cambiado, quizás algo quede de matrimonio mal avenido o de amistades ruinosas.
Parece observarse la existencia de un doble tratamiento en la centralidad que ocupa la igualdad de género. Para la reacción patriarcal limitar la libertad de las mujeres es un aspecto central y prioritario mientras que, en ocasiones, para las organizaciones cuyo objetivo es erradicar la discriminación y el privilegio del orden social legítimo, la desigualdad de género sigue teniendo la consideración de un asunto periférico.
Como ya apuntara Faludi, la reacción patriarcal está alerta y preparada, no tarda demasiado en protestar enérgicamente frente a los avances ni en dar marcha atrás. Existen numerosos ejemplos en el escenario internacional, pero es momento de centrarnos en el contexto español. En un escenario económico como tiene nuestro país, con un sistema judicial lento y obsoleto, con un número obsceno y vergonzante de mujeres asesinadas por violencia de género y con una sobrearga demostrada de los juzgados, para el Ministro de Justicia evitar que las mujeres tengan derecho a decidir, restringir su libertad sexual y encadenarlas a una esclavitud reproductiva, a una maternidad forzada, es un problema público prioritario que definió como tal desde el inicio de su mandato y que, por desgracia, para cuando estas líneas sean publicadas será probablemente una realidad amparada por la legislación nacional.
Al contrario, cuando se trata de impulsar la igualdad de género el tema se aborda con dilaciones y cautelas. Hecho que se ha evidenciado, por ejemplo, en la reforma de la LO 9/1985 sobre interrupción voluntaria del embarazo (de cara a establecer una ley de plazos y adecuarla a las normas existentes en la mayoría de los países de la UE). La nueva ley, una demanda del movimiento feminista español asumida por el PSOE en la campaña electoral del año 2004, tardaría en aprobarse seis años . A su vez, la Ley de igualdad (LO 3/2007) , aprobada en marzo de 2007 (resultado de la transposición de la normativa comunitaria), recoge en su artículo 78 otra demanda histórica del movimiento feminista: la creación de un Consejo de Participación de la Mujer (organismo que no se constituirá hasta pasados cuatro años, en marzo de 2011). Bien pareciera que los derechos de las mujeres son un asunto a recordar sólo en la foto del ocho de marzo y que la diligencia observada entre los detractores de la igualdad no parece la misma que tienen sus defensores.
Por ello, uno de los principales retos es lograr sensibilizar a las organizaciones o sectores sociales tradicionalmente comprometidos con la defensa de los derechos humanos, con la dignidad o la emancipación de las personas, de la trascendencia que tiene considerar la desigualdad de género como un eje neurálgico y como un asunto prioritario de su actividad y reflexión . Porque mientras las políticas de igualdad sigan considerándose como un asunto subsidiario, el lenguaje no sexista como un aspecto menor, la violencia de género como un drama puntual no estructural, la paridad como una molesta obligación y así un largo etcétera, en un contexto favorable, los avances serán lentos; mientras los retrocesos serán fáciles y rápidos cuando la reacción patriarcal esté en el poder.
6.- A MODO DE CONCLUSIÓN
La empleabilidad de las mujeres, fuente de su autonomía económica y personal, se caracteriza por una mayor precariedad, una inferioridad salarial y una sobrecualificación. La destrucción de puestos de trabajo se está cebando, ahora, en sectores feminizados. A su vez, el desmantelamiento del Estado de Bienestar afecta directamente a la división sexual del trabajo, a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres.
Pese a ser una realidad comúnmente reconocida que la crisis está provocando mayor desigualdad social, a menudo se olvida que está afianzando también la desigualdad sexual. Pero si no se incorpora la dimensión de la desigualdad de género en las estrategias frente a la crisis estaremos afianzando la desigualdad de género y la feminización de la pobreza. Por ello, las pretendidas soluciones no serán tales si ignoran este hecho; no sólo por lo que significa de justicia social sino porque la igualdad de género es una condición necesaria para garantizar un desarrollo económico sostenible .
Es un lugar común la necesidad de un cambio de paradigma, la cuestión es hacia dónde. Y en el hacia dónde, parece que tenemos todas las de perder si no se otorga a la dignidad de las mujeres la centralidad que requiere. Y la amenaza es real, pues aun cuando los derechos de las mujeres se presentan como una evolución histórica, como un avance casi imparable de conquistas, esta lectura no es más que un espejismo óptico. Es el lugar común de una ficción histórica, que tranquiliza algunas conciencias y es recibida con acalorado agravio por la reacción patriarcal. Sin embargo, una mirada retrospectiva nos demuestra que si hay algo que caracteriza la lucha por los derechos de las mujeres son precisamente sus vaivenes. Por desgracia, la crisis representa un contexto favorable para que las políticas de igualdad sean consideradas como un asunto secundario en la agenda pública.
En nuestro país, el problema adquiere matices preocupantes pues convergen además algunos factores que no favorecen la igualdad de género. Al neoliberalismo imperante en la política europea se suma: la cruzada de la tradición sexista, una jerarquía católica con pretensiones legislativas, los coletazos de la ontología diferencial de la socialización franquista y un sector de ciudadanos que no acaban de digerir la rápida pérdida de privilegios que han supuesto las políticas de igualdad o que, en el mejor de los casos, les preocupa poco el asunto.
Mientras esto ocurre no se puede mirar al tendido, no se puede relegar la igualdad de género y los derechos de las mujeres a un espacio subsidiario. Arundhati Roy declaraba en una entrevista hace años: “Cuando ves ciertas cosas, no puedes pasarlas por alto, y no ver nada, es un acto tan político como verlas”. Por ello, no ver la desigualdad, minimizar el impacto diferencial que entre mujeres y varones tienen las políticas neoliberales o pasar por alto la reacción del patriarcado y de sus acérrimos defensores es un acto político.
Desafortunadamente, en un contexto de crisis social como el que estamos sufriendo es cuando las colectividades, en teoría opuestas a la ideología patriarcal, relegan con mayor facilidad el objetivo de igualdad de género al desván del olvido. Por ello, un elemento determinante es que el enfoque de género cale en las organizaciones sociales, políticas y sindicales que defienden los derechos y valores asociados a la justicia y la igualdad.
Si quienes son baluartes del estado de bienestar no se apropian de la transversalidad de la perspectiva de género, no la integran como mecanismo normalizado en su funcionamiento y, si sólo se ha quedado en lo epidérmico, es muy probable que las políticas neoliberales y la involución conservadora logren que la igualdad se quede varada por el camino. Para frenar la reacción patriarcal no valen medias tintas, ni una posición de las organizaciones y asociaciones comprometidas con la igualdad que no le otorgue idéntica prioridad que sus detractores y que no interiorice que la defensa de los derechos de las mujeres es un asunto que afecta a la propia legitimidad de su acción política.
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