Las trampas de la gestación subrogada

El mismo día de las elecciones generales un grupo de activistas feministas vestidas al puro estilo de El Cuento de la Criada (Las Criadas) se manifestaba para protestar a las puertas del Congreso Internacional de Gestación Subrogada de Bilbao. Dentro, más de 40 personas se reunían para -y copio literalmente la información de una de las principales agencias de comunicación de España- «fomentar la comunicación y el diálogo directo con la sociedad en torno a esta práctica, legal en países como Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Ucrania, Grecia, Portugal o Australia, así como ayudar a generar un espacio de encuentro con movimientos feministas». Esta información publicada en Europa Press fue replicada, sin contrastar, en varios medios de comunicación de todo el país. Pero, ¿qué es eso de que la explotación reproductiva es legal en todos estos países? ¿Desde cuándo? Y, sobre todo, ¿qué hacían entonces todos aquellos compradores de intención sin poder recoger a decenas de bebés atrapados en medio de la guerra en Ucrania o pagando millones y largas estancias en un país tan lejano como Estados Unidos, una opción solo al alcance de Anasobregones y Miguelesbosés? El primer paso para blanquear una práctica aberrante e ilegal en tu país es contarte muchas medias verdades y algunas mentiras. El segundo, vendértela como una práctica feminista.

Para ver cómo nos engañan los organizadores del congreso de Bilbao, no hay más que contrastar esta información con la legislación vigente en cada país. Acompáñame en este bonito viaje a través de la explotación reproductiva por el mundo.

Primera mentira. En Irlanda la explotación reproductiva no es legal y no existe actualmente ninguna legislación que reconozca la maternidad subrogada en el país. En el año 2022 se creó un comité para intentar transferir la paternidad a las personas que recurren a esta práctica fuera de sus fronteras. Sin embargo, en mayo de este mismo año la Corte Suprema dictaminó que un niño nacido en el Reino Unido a través de un acuerdo de subrogación no tenía derecho a la ciudadanía irlandesa en base a la ciudadanía irlandesa de su padre no biológico. Es decir, según la actual ley irlandesa, el padre no biológico no se considera el padre del niño. Tal y como nos recuerdan desde la web de información ciudadana del país, el estado legal y los derechos de todas las personas involucradas están cubiertos por las leyes que tratan los nacimientos sin subrogación. Esto significa que la mujer que gesta y pare a la criatura es la madre y tutora legal de la criatura en Irlanda, incluso cuando no aporta los óvulos.

En Portugal, solo está permitida la gestación subrogada completamente altruista. La gestante no puede recibir remuneración o compensación económica alguna por llevar a término el embarazo, aunque los gastos médicos y los extras deben ser abonados por los padres de intención, ya que no existe seguridad social. La ley de Portugal exige que la madre comitente (pongamos por caso, la española) acredite con un certificado médico que carece de útero o que su útero no podrá gestar un feto por problemas médicos. Tal como indican desde Gestlife, una de las principales agencias intermediadoras de vientres de alquiler que opera en España, «lo que convierte a esta ley en una bonita teoría, pero en la práctica muy pocas parejas pueden acogerse a ella.» Desde el 2016, año en el que la ley portuguesa de gestación subrogada entró en vigor, solo se ha realizado un proceso de gestación subrogada en el país luso. Se ve que a las portuguesas no les gusta preñarse altruistamente.

Reino Unido sí tiene una ley de subrogación que opera en el país desde el año 1985. La legislación vigente solo permite la gestación subrogada de forma altruista, sin posibilidad de pagar a la madre gestante y con óvulos de otra mujer. Además, los acuerdos de subrogación entre particulares no son legalmente vinculantes en el país y es ilegal que un tercero negocie un contrato. La madre gestante (y su cónyuge) serán inicialmente los padres legales del niño, y los padres de intención deberán presentar una solicitud judicial posterior al nacimiento para transferirles la paternidad. Si hay una disputa sobre la custodia del niño, o a la madre se le da por quedarse con su bebé, los tribunales tienen que decidir quién se queda con el menor.

El caso de Australia es parecido. La maternidad subrogada altruista es legal en la mayoría de los Estados, aunque los contratos privados de subrogación no son vinculantes legalmente y si la madre gestante se arrepiente puede quedarse con su bebé. Para salvar este pequeño escollo, lo que hacen las agencias es enviar a la mujer explotada a cualquier clínica del mundo en donde transferirle embriones hasta que el embarazo llegue a término. Además, si no les gusta el resultado, siempre pueden abandonar a su compra.

El caso de Canadá es similar. La gestación subrogada estaría permitida en casi el todo el territorio, también a extranjeros, siempre que la gestante no cobre nada. Incumplir la ley en Canadá se paga con hasta 10 años de cárcel y con multas de hasta medio millón de euros, por lo que las agencias no están interesadas en este país. Tal y como nos recuerdan desde Gestlife: «Como despacho de abogados no podemos recomendarte que entres en un terreno tan peligroso».

En Grecia la gestación subrogada comercial sí es legal, aunque es necesario obtener una autorización judicial para acceder a un vientre de alquiler. El proceso es supuestamente altruista, pero la gestante puede recibir una cantidad adicional a los gastos médicos «por las molestias y los meses no trabajados», tal como nos indican desde Gestlife. La autorización legal no es tan fácil ya que la madre intencional debe aportar un certificado médico de la Seguridad Social que pruebe su incapacidad para llevar un embarazo a término, o de llevarlo a término sin riesgo durante el mismo. El precio de un vientre de alquiler en Grecia varía también en función de la dificultad de encontrar gestantes, dado que las griegas son unas listas y suelen pedir «cantidades no acordes con la ley». Así que las agencias recurren a gestantes de Georgia o Ucrania, que se venden a precio saldo, lo que evita a los compradores incurrir en un delito.

En Ucrania, el país en donde la brecha de género salarial entre hombres y mujeres supera el 70% (en España es del 9,4%), la explotación reproductiva es un negocio muy rentable para empresas privadas que no dejaron de facturar ni durante la guerra. En el país existen granjas de mujeres embarazadas por contrato que no pudieron abandonar su campo de concentración mientras caían bombas encima de los hospitales. Y, pese a todo, las empresas buscan desesperadamente mujeres aún más vulnerables en las exrepúblicas soviéticas para convertirlas en vientres de alquiler. «Nos falta mujeres», confesaba recientemente en esta entrevista el director médico de BioTexCom.

Estados Unidos tiene la legislación más permisiva en cuanto a explotación reproductiva. Allí casi cualquiera -tenga la edad y el trastorno que sea- puede comprar un bebé, pero el precio es de los más elevados del mundo: de 110.000 a 170.000 dólares, de los que la gestante se lleva apenas 35.000. Para los clientes, el precio de la maternidad subrogada en EE. UU. puede acabar siendo mucho mayor, ya que en caso de tener complicaciones médicas no existe seguridad social en este país. Cabe recordar que en Estados Unidos se revocó el derecho al aborto libre en 2022, lo que quiere decir que las mujeres ya no pueden abortar en 26 Estados y en 14 de ellos pueden ir a la cárcel por hacerlo. Abortar es un privilegio que ya no se pueden permitir las mujeres más vulnerables, precisamente, las que siempre se embarazan para terceros.

En Francia, Alemania o Italia la gestación subrogada es ilegal (en Italia ya lo era incluso antes de la llegada de Meloni). Los vientres de alquiler también son ilegales en España, en donde estos contratos se consideran nulos de pleno derecho y la práctica está considerada como violencia contra las mujeres desde la entrada en vigor de la última ley del aborto aprobada por el Ministerio de Irene Montero. Sin embargo, en España también tenemos nuestro propio récord en explotación reproductiva. Somos líderes en clínicas de reproducción asistida y líderes en venta de óvulos: la cantidad de óvulos comprados en España es tanta que un tercio de ellos se destinan a mujeres residentes en el extranjero. Otras muchas europeas vienen aquí a inseminarse, a costa de la salud de las estudiantes y las trabajadoras precarias que casi nunca son informadas de los riesgos a corto y largo plazo de la donación. Y es que, a pesar de que la legislación prohíbe el comercio con ovocitos, las clínicas pagan aproximadamente lo que el salario mínimo (unos 1000 euros) por cada ciclo extraído. No olvidemos que en la gestación subrogada se explota a dos mujeres y que sin los óvulos donados el proceso es inviable en casi cualquier país del mundo.