Un total de 52.885 casos de violencia de género están activos “con seguimiento y protección por los diferentes operadores policiales, jurídicos, penitenciarios y asistenciales”, de los 432.000 que se han incluido en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior desde su puesta en marcha, en 2007.
Es uno de los datos a los que se refirió el jefe del área del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Jorge Zurita, en el VI Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, clausurado este viernes en el Senado.
La mayoría de los casos, 382.000, están “parados” y se reactivan cuando hay un incidente. En total, subrayó, se han realizado 2,4 millones de valoraciones de riesgo.
Respecto a los nuevos formularios, en funcionamiento desde hace más de dos meses, señaló que incluyen un plan de seguridad personalizado a la víctima, con medidas de autoprotección. Por el momento, ya se han diseñado 12.000 planes y, según puntualizó, con ellos “no se disminuye la protección policial compensándola con esas medidas”.
Zorita también anunció que un equipo de profesionales trabajan en una valoración de riesgo de homicidio. En la iniciativa, expuso, trabajan miembros de la Guardia Civil, policías locales y autonómicas y de más de 15 universidades, que están haciendo una revisión “pormenorizada” y «en profundidad» de todas las víctimas fallecidas por violencia de género.
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
El congreso fue clausurado por la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, que pidió «futuras modificaciones legislativas» para cumplir con el Convenio de Estambul al que España se ha adherido. Según dijo, esos cambios afectarán a cuestiones como la Ley de enjuiciamiento criminal y a la prisión permanente revisable y deben hacerse «desde el sosiego y la reflexión», debatiéndose «no sólo desde los partidos políticos», sino también desde las organizaciones y operadores implicados en la lucha contra la violencia machista.
Durante su participación en la citada mesa, Julio Arnaldo, subdirector de coordinación interinstitucional de la Delegación del Gobierno para la Violencia de género, mostró preocupación por el aumento de la violencia de género entre los más jóvenes. Los datos apuntan a que más del 30% de los jóvenes amparan la violencia machista. «Los jóvenes de entre 14 y 16 años siguen bajo el paraguas de los estereotipos de la discriminación de género, lo que hace que sean posibles protagonistas de relaciones no igualitarias y tóxicas», añadió, por lo que, al tratarse de nativos digitales, suelen tener sensación de «impunidad» cuando esa violencia se ejerce a través de las tecnologías.
Precisamente, la fiscal de la Sala coordinadora en materia de criminalidad informática, Elvira Tejada de la Fuente, se refirió a los “efectos perversos” que puede tener el desarrollo tecnológico. Dijo que se está detectando “un incremento progresivo” de delitos (no sólo de violencia de género), según la comparativa que la Fiscalía hace con datos de 2015 y 2014. En ese periodo ha habido un incremento de un 110% de procedimientos judiciales por delitos de amenazas y coacciones a través de las tecnologías y un 85% de los delitos contra la integridad moral.
Es uno de los datos a los que se refirió el jefe del área del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Jorge Zurita, en el VI Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, clausurado este viernes en el Senado.
La mayoría de los casos, 382.000, están “parados” y se reactivan cuando hay un incidente. En total, subrayó, se han realizado 2,4 millones de valoraciones de riesgo.
Respecto a los nuevos formularios, en funcionamiento desde hace más de dos meses, señaló que incluyen un plan de seguridad personalizado a la víctima, con medidas de autoprotección. Por el momento, ya se han diseñado 12.000 planes y, según puntualizó, con ellos “no se disminuye la protección policial compensándola con esas medidas”.
Zorita también anunció que un equipo de profesionales trabajan en una valoración de riesgo de homicidio. En la iniciativa, expuso, trabajan miembros de la Guardia Civil, policías locales y autonómicas y de más de 15 universidades, que están haciendo una revisión “pormenorizada” y «en profundidad» de todas las víctimas fallecidas por violencia de género.
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
El congreso fue clausurado por la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, que pidió «futuras modificaciones legislativas» para cumplir con el Convenio de Estambul al que España se ha adherido. Según dijo, esos cambios afectarán a cuestiones como la Ley de enjuiciamiento criminal y a la prisión permanente revisable y deben hacerse «desde el sosiego y la reflexión», debatiéndose «no sólo desde los partidos políticos», sino también desde las organizaciones y operadores implicados en la lucha contra la violencia machista.
Durante su participación en la citada mesa, Julio Arnaldo, subdirector de coordinación interinstitucional de la Delegación del Gobierno para la Violencia de género, mostró preocupación por el aumento de la violencia de género entre los más jóvenes. Los datos apuntan a que más del 30% de los jóvenes amparan la violencia machista. «Los jóvenes de entre 14 y 16 años siguen bajo el paraguas de los estereotipos de la discriminación de género, lo que hace que sean posibles protagonistas de relaciones no igualitarias y tóxicas», añadió, por lo que, al tratarse de nativos digitales, suelen tener sensación de «impunidad» cuando esa violencia se ejerce a través de las tecnologías.
Precisamente, la fiscal de la Sala coordinadora en materia de criminalidad informática, Elvira Tejada de la Fuente, se refirió a los “efectos perversos” que puede tener el desarrollo tecnológico. Dijo que se está detectando “un incremento progresivo” de delitos (no sólo de violencia de género), según la comparativa que la Fiscalía hace con datos de 2015 y 2014. En ese periodo ha habido un incremento de un 110% de procedimientos judiciales por delitos de amenazas y coacciones a través de las tecnologías y un 85% de los delitos contra la integridad moral.
Publicado en: http://www.teinteresa.es/espana/VIOLENCIA-ESPANA-TRATOS-SEGUIMIENTO-PROTECCION_0_1681032360.html
