Coordinadoras parentales y el (i)SAP

May 13, 2021 | General, Justicia, Menores, Violencia

Ester Ruiz Martin

Ester Ruiz Martin, coordinadora de la Plataforma Luna contra el (I)SAP, denuncia que las coordinadoras parentales se plantean como una herramienta para salvaguardar, en detrimento del interés superior del menor, la figura del padre de familia .

Ilustración de Oriol Malet.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2017 se produjeron 102.341 casos de divorcio, separación o nulidad. El 22,8% de los divorcios y el 16,2% de las separaciones fueron contenciosas. En el 20% de los casos, las parejas tenían hijos e hijas en común. No resulta una cifra excesivamente alta como para plantearnos que algo hay que hacer y, sin embargo, se ha puesto en marcha toda una maquinaria de innumerables recursos para auxiliar a Jueces y Magistrados.

En los años 90, de la mano de mujeres peleadoras llegan a los juzgados los equipos psicosociales. Hasta ese momento, Sus Señorías se auxiliaban con peritajes de profesionales que proponían y pagaban las partes, sobre todo la materna, con el fin de garantizar que las y los menores estuvieran salvaguardados. Es así como se fueron implantando estos equipos psicosociales, a los que se les presumía neutralidad y que, efectivamente, funcionaban decentemente. Más tarde, debido a la imposibilidad de imponer una protección fáctica a la figura del pater familias, dado que esos informes no arrojaban una información que sostuviera por encima de todo la estancia o derecho de visitas con los padres varones, se crearon las plazas para ese fin en la Administración de Justicia y fueron perdiendo la neutralidad, convirtiéndose de forma casi impuesta en brazo ejecutor de Jueces y Magistrados, recogiendo en sus informes todo lo que el juzgador deseaba leer. Es así como los equipos psicosociales pasan de ser un auxilio judicial que pretenden otorgar a Sus Señorías una visión más cercana y amplia de la cuestión litigiosa, a prácticamente dictar sentencias que quedan muy lejos de proteger el interés superior del menor. Encontramos aquí un primer auxilio que hoy sigue vigente en todos los Juzgados de Violencia y Familia.

Más tarde, viendo que no era bastante auxilio, de la mano de Marisa Sacristán, numeraria del Opus Dei, llegaron los puntos de encuentro familiar (PEFS), creados como lugares neutrales REGENTADOS por ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO con el único fin de dar cumplimiento al régimen de visitas impuesto judicialmente incluso existiendo malos tratos hacia los hijos e hijas. Son estos centros un segundo auxilio, también vigente hoy, desde donde se emiten informes a los que se les está dando entidad de pericia y que suman más fuerza para seguir defendiendo la figura del pater familias en detrimento del interés superior del menor. Otro auxilio que tampoco es neutral.

Irrumpe la mediación familiar, que no toma cuerpo hasta el año 2000 aproximadamente. Es pues un tercer auxilio judicial que sigue complicando más si cabe todo este “circuito auxiliador” con la intención de provocar la concesión de custodias compartidas impuestas y regularizarlas en nombre del interés superior del menor. La mediación familiar no puede existir en caso de violencia machista, así lo recoge la Ley Integral contra la Violencia de Género y, sin embargo, desde esos servicios, son escasas las ocasiones en que se devuelve el asunto sin intervención, ya que los profesionales no cumplen su código deontológico ni las medidas que recoge la Ley anteriormente citada. De manera alguna ninguno de estos auxilios/recursos pueden dictar sentencias, contravenir las ya dictadas o modificar ningún tipo de pronunciamiento judicial.

Todos estos auxilios se maquinan en justificación del porcentaje de divorcios y separaciones conflictivas, un 20%, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, a pesar de la infinidad de recursos actualmente funcionando, se está fracasando estrepitosamente y ese interés superior del menor se está pisoteando y ninguneando.  

Y en vista que ninguno de estos anteriores auxilios parecen ser suficiente, ahora se pretende imponer por vía judicial uno más, que quiere establecer el orden y solucionar de un plumazo todas las desavenencias judiciales: los y las coordinadores parentales.

Imagino que a estas alturas quienes me leen ya saben lo que es el inexistente síndrome de alienación parental (I)SAP.. De la mano de su inventor, Richard Gardner, llega la figura del la coordinación parental. No lo digo yo, lo dicen las numerosas publicaciones que ha autoeditado a través de su editorial Creative Therapeutics. Estas figuras ya están ejerciendo en los equipos psicosociales, en los puntos de encuentros familiares, en los departamentos de infancia, aunque no estén reconocidos como tal ni están ocupando el puesto que ahora se le quiere otorgar. Mediarán entre los juzgados y los progenitores imponiendo, como ya hemos ido recogiendo a lo largo de este artículo, el interés superior del pater familias y su estricta voluntad en cualquier tema relacionado con los hijos e hijas, sean cuales sean sus consecuencias. Si la madre no acata lo que le imponga el coordinador parental será culpabilizada de no colaborar, de obstaculizar su labor y, no muy tarde, de manipular a sus hijos e hijas.

Los coordinadores parentales se presentan como auxilio de Sus Señorías pero con carácter intrajudicial al que predispondrán y abocarán a redactar un tipo de pronunciamientos u otros. A estas alturas no le vamos a presumir es NEUTRALIDAD. El ciudadano o CIUDADANA no tendrá acceso al juzgado si no pasa previamente por el coordinador/a parental, quien dispondrá (como mandato) cumplir todo lo que ordene. Tendrán amplios accesos a centros escolares, a centros de salud y se les otorgará capacidad para requerir cuantos documentos desee. En otras palabras, intervendrán como si de repente los adultos fueran incapacitados y hubiese que dirigirles; y como si los niños y niñas fueran propiedad del Estado. En estos momentos se está pilotando en diferentes Comunidades Autónomas como Madrid, Aragón, Cataluña.

Todavía no ha sido legalizada esta figura y es por ello que los cargos corren a cuenta del padre y de la madre al 50%. Están formados a cargo de la Fundación Filia, íntimamente ligada a Francisco Serrano (Vox) y, como no podía ser de otra manera, con el inexistente síndrome de alienación parental (I)SAP. Esta doctrina, también conocida como interferencias parentales, parentectomía, estado fusional maternofilial o implantación de falsa memoria justifican arrancamientos de custodias de un día para otro interviniendo las fuerzas de seguridad del Estado de manera habitual.

Un coordinador parental que llega de la mano de un falso síndrome que considera a las mujeres perversas, falsas, manipuladoras, que cataloga a los hijos e hijas como bienes de reparto, anulando su capacidad de pensamiento, de sentimientos y les convierte en maletas, no puede ser neutral. Su doctrina, oratoria, informes y comportamientos se encaminarán a defender el bien e interés superior del pater familias únicamente, repito, ÚNICAMENTE.

Todos estos auxilios que se presentan como recursos están dirigidos a cuestionar las denuncias por violencia machista, a desacreditar las mismas y los testimonios por presuntos abusos. Todos caminan con un único fin, que desaparezcan dichas denuncias, que se someta a la infancia al mandato del varón, del hombre, del padre, quien en virtud de su sexo someterá y dirigirá sus vidas. No, no negarán que existió violencia o abusos si se consiguen un abultado número de pruebas, pero no por ello alejarán a los hijos e hijas del foco del terror paterno. Al contrario, seguirán defendiendo y obligando a los menores a relacionarse con sus padres, condenados y sin condena, que son la mayoría, sean cuales sean las consecuencias.

UN MALTRATADOR NO ES UN BUEN PADRE.

Enlace al artículo original: https://www.pikaramagazine.com/2019/09/coordinadoras-parentales/?fbclid=IwAR2MeS6_e9-WpJ85W7MpeRYxwCKQR1rKt85oSJvY9jYeIMxxkgzjN1zBS-k