El recurso de inconstitucionalidad fallado por el Supremo estadounidense se denomina ‘AID v. Alliance for Open Society International, Inc’. El nombre de AID juega con el significado de la palabra en inglés -«ayuda»- y con el acrónimo conformado por las iniciales de Agency for International Development, un organismo federal por el que se canalizó una gran parte de los fondos del denominado U. S. Global Leadership Against HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria Act, el macroplan promovido por George W. Bush en 2003 para luchar contra las enfermedades nombradas en su enunciado.
Dentro de ese masivo esfuerzo sanitario se incluía el denominado PEPFAR, otro acrónimo, en este caso proveniente de la expresión President’s Emergency Plan for AIDS Relief, este, como su propio nombre indica, el subplan centrado en la atención a poblaciones en riesgo de contraer sida. Para que las distintas organizaciones y empresas se pudieran beneficiar de estos fondos públicos, el PEPFAR no solo las requería un compromiso formal de no utilizar el dinero en «promover o abogar por la legalización o la práctica de la prostitución o el tráfico sexual», sino también de rubricar una oposición «explícita» a la prostitución.
Constituyendo la prostitución una de las principales vías de transmisión del SIDA -si no la principal-, se pensó como un contrasentido que los receptores de los miles de millones de dólares los utilizaran en juegos de tolerancias en torno no solo a la prostitución, sino también alrededor del «tráfico sexual» de personas. Sin embargo, cuatro organizaciones especializadas en la lucha contra el sida, encabezadas por la denominada Alliance for Open Society International, consideraron que esa disposición vulneraba su libertad de expresión.
¿Cómo se atrevía el gobierno federal a ordenar a organizaciones y empresas privadas los temas en los que estas últimas podían situarse a favor o en contra incluso si recibían fondos públicos federales? Ese conflicto fue el que terminó en el Tribunal Supremo. El dictamen de los magistrados terminó dando la razón a los demandantes contra una legislación que había sido auspiciada por el último de los Bush, pero que también había apoyado y mantenido Obama.
Para un senador republicano como Christopher H. Smith, el dictamen es «extremadamente decepcionante y trágico para todas las víctimas de la explotación sexual, incluyendo a las del tráfico sexual». «El contribuyente estadounidense puede legítimamente cuestionar si la asistencia federal ofrecida para fines loables está siendo utilizada sin embargo para socavar esos mismos objetivos», añadía Smith.
Sin embargo, para los grupos de promoción de la ‘salud pública’ que utilizan tales fondos, la decisión del Tribunal Supremo constituye una «importante victoria» que «elimina el tabú que ha plagado los programas de prevención del sida desde que se instauró el obligado compromiso contra la prostitución».
Por una mayoría de 6 contra 2, el Supremo ratificaba doctrinas anteriores por las que la Constitución no debe ni puede «prescribir» orientaciones que puedan ser consideradas «ortodoxas en nacionalismo político, religión u otras material de opinión que obliguen a los ciudadanos a confesar de palabra o de acto sus creencias». Sin embargo, los dos magistrados que disentían expresaban que en ningún caso la Primer Enmienda ordena al Estado «un punto de vista neutral», por lo que las autoridades pueden elegir a quienes, en este caso, administren el programa de asistencia.
En realidad, lejos de considerarla una actividad degradante y explotadora, todos estos grupos entiende la prostitución como un «trabajo sexual», y a sus practicantes como «trabajadores o trabajadoras sexuales» que realizan una actividad legítima y voluntaria contra la que, en consecuencia, no cabe oponerse de forma obligatoria.
La legalización de la prostitución siempre se ha venido contemplando en estos ámbitos de opinión como la única alternativa posible para terminar con las malas condiciones de esta ‘actividad laboral’. Se terminaría así con la explotación de las mujeres y con las redes de tráfico de prostitutas, mejorándose de esta forma las condiciones sanitarias en que se ofrecen los ‘servicios profesionales’ y, por ende, disminuyendo o neutralizando los posibles riesgos sanitarios, en especial, los derivados del contagio de enfermedades. Sin embargo, la realidad se ha mostrado una vez más muy tozuda en desmentir un planteamiento que, a la vez, condena las ‘soluciones policiales’.
Diez años después de ser plenamente legalizada desde su anterior limbo de práctica tolerada, Alemania ve cómo el tráfico de mujeres continúa en todo su esplendor mientras proliferan y prosperan los grupos que compran y venden sin cortapisas el ganado necesario para los ‘servicios profesionales’ de las ‘trabajadoras sexuales’. Un amplio reportaje de Der Spiegel (publicado en la edición online del semanario también en inglés) denuncia simple y llanamente cómo «la legalización de la prostitución ha fracasado».
Factores como las cada vez más siniestras condiciones de ‘trabajo’, los desplomes de precios ante la crisis y la saturación de oferta del ‘mercado’, o el cada vez mayor tráfico de personas, en especial, de mujeres, han llevado a un fracaso que también se ha extendido a otros países que, como Holanda, lo intentaron antes, y que ahora dan marcha atrás, hasta el punto de que los líderes socialdemócratas que antes habían promovido la legalización ahora consideran esta decisión como «un error nacional»
