«El Estado es responsable directo en la desprotección de las maltratadas»

Mar 19, 2017 | General, Violencia

Entrevista a Ángeles Álvarez (PSOE)    Por  José Antonio Gómez

 

Ángeles Álvarez, diputada del PSOE por Madrid, portavoz de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y Secretaria de Igualdad y Diversidad de la Federación Socialista Madrileña. Ángeles es una mujer que ha estado implicada en la lucha por la igualdad de las mujeres y de los movimientos LGTB desde los años 80.

Las mujeres siguen siendo asesinadas y la percepción ciudadana es que el problema de la violencia machista va a peor, ¿qué está fallando?

Es que no es verdad. La pregunta que me haces está planteando un asunto que no es cierto. No hay un aumento. Hay que ver cuáles son los datos y vamos a tener en la estadísticas dientes de sierra. Vamos a hacer comparativa respecto a lo que ha venido pasando en términos de décadas que es lo que nos permite ver cómo están las cosas. La década anterior a la aprobación de la ley teníamos una media de 74 asesinatos al año, llegamos a tener en el 97, 91 crímenes y en este momento estamos en una media de 55 crímenes. No es cierto que haya habido un aumento lo que no significa que no tengamos situaciones que haya que corregir y que posiblemente estemos buscando y que todo el mundo queremos una mayor eficacia en la aplicación de la ley. ¿Qué está fallando? Fallan muchas cosas. Para mí, principalmente, las cuestiones que tienen que ver con la prevención de la violencia, ese es para mí el elemento clave. Sobre cuestiones concretas te puedo decir cuáles son nuestras principales preocupaciones, porque tenemos dos bloques que atender: las personas que son víctimas de violencia nunca ponen denuncia y no se acercan a las instituciones en demanda de ayuda y eso tiene que tener un tratamiento específico; aquellas que acercándose y demandando protección del Estado no lo consiguen.

cuando una persona se acerca y no se es capaz de articular sistemas de protección suficientes hay una responsabilidad directa del Estado

¿El Estado es responsable, es parte del problema?

Ahí tenemos uno de los problemas que en estos momentos es más grave porque si vemos los datos de la última década estábamos en torno a un 26% de personas asesinadas que se habían acercado demandando protección y en lo que va de año ya hemos superado el 41%. Este dato nos enfoca un problema grave porque como instituciones públicas tenemos responsabilidad directa porque cuando una persona se acerca y no se es capaz de articular sistemas de protección suficientes hay una responsabilidad directa del Estado. Este es un asunto clave. Nosotros hemos pedido en la legislatura anterior la presencia del Secretario de Estado de Seguridad para que informe sobre cuáles están siendo los desajustes en materia de protección y por qué este aumento tan brutal que casi duplica la media de los últimos diez años y estamos esperando pero vamos a seguir insistiendo porque el Congreso debe conocer cuáles son los motivos por los que no están funcionando los sistemas de protección y seguridad a las víctimas. En el otro bloque, nos preocupa mucho que seamos capaces de articular sistemas para identificar a más víctimas y que sientan y perciban que el Estado las puede proteger, que tiene posibilidades de protegerlas y se tienen que animar a dar el paso, y eso supone avanzar en un cambio de modelo. Hay muchas víctimas que necesitan más tiempo para iniciar el proceso de denuncia pero necesitamos fórmulas para acompañarlas entre ese tiempo en que toman conciencia de que no pueden seguir soportando esa situación de violencia y dan el paso para denunciar y activar los sistemas de protección y seguridad. Ahí hay un vacío que desde el PSOE venimos tratando de enfocar en los últimos programas electorales. Ha sido un error estratégico que se hayan quitado competencias en materia igualdad a los ayuntamientos y que eso tiene consecuencias directas en el bloque de personas que no han puesto denuncia. Por tanto esperamos que en el proceso de elaboración del Pacto esto va a ser un asunto prioritario.

Ha sido un error estratégico que se hayan quitado competencias en materia igualdad a los ayuntamientos

¿Se están destinando los suficientes recursos a la lucha contra la violencia machista? ¿Se podría blindar una partida presupuestaria específica?

Poner límites en el presupuesto me genera dudas. Desde que se aprueba la Ley comenzamos a articular todo un sistema, es decir, primero no nos podemos fijar solo en los presupuestos de la Delegación del Gobierno. Siempre se dan datos respecto a los recortes globales que ha habido en la materia que han sido en torno al 16% respecto al último presupuesto de Zapatero, pero eso fue el último año de la anterior legislatura, pero el primer año de gobierno del PP el recorte estuvo por encima del 25%, que es una barbaridad, en Delegación de Gobierno. Ahora, los recortes han sido mayores. Nosotros articulamos un sistema que era la implementación y puesta en marcha de juzgados específicos de violencia, por ejemplo, la última ficha del gasto que eso suponía para el Ministerio de Justicia en el último gobierno de Zapatero estaba por encima de los 50 millones de euros. Actualmente esa cifra es inferior, por lo que también se ha recortado ahí. Por tanto los recortes han sido mucho más de lo que se está contando. A nosotros nos gusta utilizar el concepto de “recursos suficientes” porque en función de cómo vamos legislando se va necesitando más recursos. En la medida en que se incluyen a los menores como víctimas los recursos deberían haber aumentado pero no lo hicieron. En esta materia lo que no se puede hacer es recortar y hay que garantizar mínimos y que esos mínimos garanticen servicios.

Si el PP hizo la ley de infancia y adolescencia y pretende garantizar prestaciones para los menores víctimas, sin embargo, cuando vas a las clausulas adicionales de la ley dice que todo esto hay que hacerlo sin aumento de recursos humanos ni de recursos presupuestarios. Por tanto, lo que ha legislado el PP en materia de prevención de menores es una impostura, no es cierto, porque no está habilitando recursos.

¿Quién soporta la mayoría de las acciones y de los trabajos y de todas las estrategias de prevención con el tema de los menores? Las CCAA. Pero si el PP ha llegado a quitar un millón de euros en lo que tenía que ver con la atención directa a víctimas e hijos. No han tenido la decencia ni de mantener cuestiones tan básicas como esas. ¿De verdad un millón de euros, que es una ridiculez en términos de PGE…? Se han atrevido a tocar hasta eso. No han tenido ninguna empatía con las víctimas. Han sido cuatro años demoledores. Recortaron en 5 millones de euros la partida destinada a prevención y sensibilización social y ellos llegaron a decir que ese era dinero que se había gastado en propaganda. Una campaña publicitaria no la puedes llamar propaganda, porque las campañas de sensibilización sobre lo que sea, drogas, tráfico, no es propaganda. Luego se dieron cuenta de que metieron la pata y que necesitas hacer ese tipo de campañas. Tienes que mandar mensajes a las víctimas, tienes que mandar mensajes a la sociedad. Forma parte de las tareas que tiene que hacer el Estado. Fueron recomponiendo las cantidades y por eso ahora estamos en el 16% de recorte en vez del 25%.

El PP lo que menos ha entendido de todo este proceso es que es lo que hay que hacer en materia de prevención, por eso los recortes en materia de sensibilización social y la retirada de las competencias de los ayuntamientos en materia de igualdad han hecho un daño a las políticas contra la violencia brutal.

¿Qué planteamientos llevará el PSOE a la Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género?

Te quiero recordar que la iniciativa del pacto fue del PSOE que se produjo a través de una carta enviada por Elena Valenciano a la ministra Mato que no obtuvo respuesta por parte del PP y que fue muy desacertado porque lo que les pedíamos era que lideraran ese pacto. Nosotros hemos hablado siempre de pacto social, político e institucional. Después este pacto se ha generalizado como Pacto de Estado. En la propuesta que llevamos a Pleno quisimos mantener ese pacto social, político e institucional porque en la propuesta del PP hablaba sólo de una propuesta institucional: acuerdos con las CCAA, la Federación de Municipios y Provincias y el Gobierno, pero nosotros no podemos aceptar esto porque entendemos que tienen que estar otros poderes del Estado, además de los que ellos mencionaban, que tienen que estar los partidos y la sociedad civil en la fórmula que busquemos pero las víctimas tienen asociaciones que las representan, que trabajan directamente en el análisis del problema algunas incluso que forman parte del Observatorio Estatal contra la Violencia. Buscaremos quiénes y el cómo, pero tenemos claro que estamos hablando de una mesa donde estén representadas todas las instituciones del Estado, la sociedad civil y los partidos políticos.

propusimos crear una subcomisión pero condicionado a que tiene que haber una mesa de seguimiento del pacto porque tiene que ser un pacto vivo

Nosotros pensamos que un pacto no puede ser sólo un documento. Nosotros esperamos que el pacto contra la violencia sea un pacto vivo y para que lo sea necesitamos llegar a un acuerdo de texto para acometer las cosas que tenemos identificadas, pero es que estamos seguros de que pasado mañana podemos identificar algunos desajustes en la aplicación de la norma que tendremos que ir corrigiendo y que necesitamos tener un espacio que trasciendo el acuerdo al que lleguemos ahora. Por eso propusimos crear una subcomisión pero condicionado a que tiene que haber una mesa de seguimiento del pacto porque tiene que ser un pacto vivo, es decir, cada vez que identifiquemos problemas seamos capaces de sentarnos todo el mundo para ver cómo los acometemos y que no haya la excusa de prolongar por tiempo indefinido, como pasó en la legislatura anterior, que hacíamos propuestas…, nosotros hemos llegado a hacer propuestas, por ejemplo, para que los jueces tengan que pronunciarse obligatoriamente respecto a las medidas de los menores en caso de violencia y el PP votó NO y eso mismo al año siguiente lo llevaron a sus leyes con lo que consiguieron retrasar un año algo que había que hacer entendiendo la política como algo patrimonialista, si lo presento yo, vale, si lo presentas tú, no vale. Aquí estamos para identificar problemas y dar soluciones y si hay un partido que pone encima de la mesa una solución a un problema, pues hay que apoyarlo, da igual quién lo haya presentado. El PP no lo ha entendido en sus años de mayoría absoluta, no le va a quedar más remedio que entenderlo ahora.

Para combatir las otras violencias contra la mujer que no son agresiones, ¿hay que dar más protagonismo a otras instituciones como, por ejemplo, los servicios sociales locales o la sanidad?

Es lo que te contaba antes: tenemos las que dan el paso a la denuncia y cómo trabajamos con éstas. Las CCAA y los ayuntamientos empezaron a armar toda la estructura de protección y apoyo a víctimas. Cuando yo digo es un error estratégico brutal quitar las competencias en materia de igualdad a los ayuntamientos está muy relacionado con esto. Es un error estratégico en general pero particularmente en lo que se refiere a la violencia porque las áreas de igualdad de los ayuntamientos, los centros de mujeres de los ayuntamientos son espacios básicos para la detección de víctimas, a víctimas que se acercan a otras cosas, no van porque sean víctimas, van por otras cosas: actividades, consultas de todo tipo, jurídico, psicológico, talleres, no necesariamente relacionadas con la violencia. Cuando esa estructura municipal está bien anclada con los servicios de atención a víctimas al final tienes un espacio donde estás detectando.

las áreas de igualdad de los ayuntamientos, los centros de mujeres de los ayuntamientos son espacios básicos para la detección de víctimas

Pero igual que tienes las políticas de los ayuntamientos, está la sanidad pública. ¿Cuáles son los espacios de frecuencia de cualquier ciudadano? Una farmacia, el médico de cabecera, el propio ayuntamiento, tenemos que identificar esos espacios y saber que ahí tenemos los focos principales de identificación de víctima. Por ejemplo, los centros de salud tienen que implicarse de una manera mucho más activa. Y tenemos ya mucha formación hecha en materia de violencia con profesionales de la salud que, por cierto, fue otra de las cosas que se paralizó en seco cuando llegó el PP. Los recortes no son solo el dinero que ves en un PGE, el recorte es que al año siguiente de llegar al PP al gobierno, el presupuesto de formación para personal sanitario quedó reducido a la mitad. Por tanto, no solo es recorte presupuestario. ¿Qué problemas tenemos ahora con los centros de salud? Hay algunas CCAA como Valencia que ha empezado a implementar lo que llamamos los cribados, preguntas que en consulta de manera sistemática aunque no exista un pronunciamiento expreso de una persona manifestándose como víctima, un profesional tiene que detectar que existe una sintomatología que puede estar relacionada con que seas víctima de violencia. Necesitamos que los profesionales de la sanidad conozcan esa sintomatología y después que sean capaces de hacer esa batería de preguntas, esos cribados, para hacer las preguntas adecuadas que les permita identificar que efectivamente esos síntomas están relacionados con la violencia. Todos esos elementos son básicos y es donde ha sido imposible que el PP entendiera que era fundamental hacerlo. Se han presentado iniciativas para universalizar el cribado en los centros de salud y lo han rechazado. Hay mucho que hacer y que tienen que saber que si se identifica a una víctima cuando está iniciando una relación violenta es mucho más fácil intervenir que con una persona que lleva diez años siendo víctima. Las secuelas emocionales, psicológicas, la capacidad de reacción se hace menor si lleva muchos años siendo víctima de violencia. El PP tiene que tomar conciencia de que tiene que atener los enfoques que tienen otros partidos sobre esto y el nuestro es muy claro: red de centros en los municipios, sistema educativo, tanto para jóvenes como para mayores, centros de salud y centros de la mujer en los ayuntamientos. Esos son los espacios claves para ayudar a la toma de decisiones a las mujeres que, o no han tomado conciencia de lo que les está pasando, es decir, que sienten angustias y son incapaces de ponerle el nombre adecuado, entre otras cosas porque las propias víctimas tienen rechazo a ponerse ese nombre. Hasta que no tomas conciencia no tomas decisiones. El proceso de toma de conciencia es básico.

Lo que no puede ser es que estemos haciendo campañas de publicidad con el mismo mensaje que hace 15 años

¿Están siendo efectivas las campañas de concienciación? ¿Cómo enfocarlas para que lo sean?

Todo tiene procesos. Lo que no puede ser es que estemos haciendo campañas de publicidad con el mismo mensaje que hace 15 años porque hace 15 años teníamos que sensibilizar sobre la idea general de lo que era la violencia y después hemos tenido que decir que el Estado tiene recursos. Después hay un cambio sustancial en los 90 cuando las asociaciones de mujeres y la red feminista contra la violencia reivindican la ley y se tiran una década reivindicando una ley integral. Gobernando Aznar comienzan el recuento de víctimas. En aquellos años ya se hacían campañas pidiendo a las mujeres que denuncien, pero entonces le decíamos que no se podía pedir a una víctima que haga una denuncia si no hay recursos para protegerla y se pedía desde las asociaciones que ese tipo de campaña no se hiciera. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos con el mismo mantra. Ahora deberíamos hacer campañas para que las mujeres sean capaces de identificar señales de peligro, sobre todo las dirigidas a los adolescentes. Las campañas tienen que dar un vuelco total. A mí lo que me inquieta y me cabrea es que… si nos lo sabemos todo en materia de violencia, sabemos cómo funcionan, sabemos cómo funciona un violento desde que inicia la relación, cómo va metiendo a la víctima en la relación violenta, cómo es el proceso, cómo inutiliza su capacidad de reacción, entonces, si lo sabemos todo, ¿por qué no somos capaces de hacer campañas que les den las señales de alerta a las víctimas o a los adolescentes que aún no son víctimas? ¿Por qué no damos ese paso? Y yo cuando me hago esta pregunta digo, ¿y tú qué tipo de campaña harías? ¿Sabes dónde está el problema? Creo que el gobierno ha sido muy poco valiente al afrontar esto porque una de las cosas, si te pones a hacer campañas serias de prevención, es que muchos de los comportamientos que no nos atreveríamos a llamar comportamientos violentos pero que sí podrían ser comportamientos abusivos se verían reflejadas demasiadas personas.

La primera campaña dirigida a hombres en este país en materia de violencia la hicimos desde Fundación Mujeres en el marco de un proyecto europeo y fue una campaña muy interesante. Llenamos Gijón con unos carteles en los que veías parte del mensaje en letras muy grandes: “hay hombres estupendos” se veía de lejos, pero cuando te acercabas se veía en letra más pequeña “hasta que llegan a su casa”. Generó cierto impacto porque lo que se ponía encima de la mesa es que cualquiera, ese que te parece tan simpático cuando entra en casa ya no lo es tanto, ese que te ayuda con las bolsas de la compra cuando cierra la puerta de su casa ya no lo es tanto, es decir, que los signos externos relacionales en tu entorno no son una pista que te dice quién es esa persona. En los relatos periodísticos muchas veces se entrevista a gente no cualificada cuando se produce un crimen.

¿Las víctimas reciben la atención adecuada en el momento de la denuncia?

En las comisarías de este país tenemos un problema, que a ver si esto de las oficinas de atención a las víctimas lo cambia, pero eso sería en los juzgados. Tenemos un problema en las comisarías y es que no hay apoyo social, en Estados Unidos en todas las comisarías hay un trabajador social. Estamos montando ahora mismos las oficinas de atención a las víctimas con la nueva legislación que se ha hecho al respecto pero la mayoría de las denuncias no se ponen en los juzgados, se ponen en las comisarías, y sin embargo estamos cubriendo esto y no tenemos ese mismo recurso donde se ponen las denuncias. Si tuviéramos ese tipo de apoyo los policías jugarían el papel que tienen que jugar, y los profesionales psicosociales jugarían el que les corresponde. Los policías tienen que estar formados pero no tienen que hacer las funciones de un psicólogo o un trabajador social. Esto es como cuando decimos, “hay problema: la educación”, ¿todo lo tienen que hacer los maestros o los profesores? ¿Todos los problemas que hay en la sociedad los tienen que resolver los profesores?

Los policías tienen que estar formados pero no tienen que hacer las funciones de un psicólogo o un trabajador social

¿Qué función es la que realizan los policías? ¿No excede de su responsabilidad ser los encargados de valorar el riesgo de la víctima?

La policía en estos momentos son los encargados de hacer las valoraciones policiales de riesgo, el famoso viogen, que nosotros llevamos cuatro años pidiendo que se modifique no porque haya que hacer nada nuevo, sino que hay una instrucción cuando se construye el viogen, con Antonio Camacho de Ministerio del Interior, que es muy clara al respecto y que dice “¿qué información hay que recabar en el viogen?”, “¿quién vuelca información a esa base de datos?”. Esa información la vuelca la policía o los juzgados pero la instrucción habla también de la atención psicosocial, que los servicios de las CCAA deben de estar ahí y eso no se ha hecho. Nosotros dejamos la cosa montada de la siguiente manera: firmamos con Ertzaintxa, con el poder judicial, fiscalía, y toda esta gente se fue incorporando al sistema. Cuando aún no habíamos terminado de firmar con todos los territorios, llegó el PP y no hizo nada, se para en seco. ¿Qué han hecho en materia de violencia? Para hacer las valoraciones de riesgo nuestra idea es que la policía tiene que aportar información al igual que los juzgados, salud y servicios psicosociales de las CCAA porque ellos aportan información que la policía no tiene o no recaba que son básicas. Se puede dar el caso de que los servicios psicosociales lleven atendiendo dos años atendiendo a una víctima y es la primera vez que pone una denuncia.

Hay que respetar el momento en que la víctima denuncia porque hay que decirle a la víctima que, a lo mejor, no es el momento adecuado para poner la denuncia porque su vida puede estar en peligro. Ese plan de salida de la violencia lo mejor es que las mujeres lo hagan acompañadas. Cuando un policía hace la valoración de riesgo y el plan de seguridad y ve que esa mujer ya ha iniciado todo el proceso, para reforzarse ella, para salir, porque hay mujeres que pueden llevar más de 30 años viviendo con el violento, que necesitan que lo hagan seguras, fuertes y sabiendo que tienen una salida de verdad, que los servicios psicosociales pueden llevar un año trabajando para que sepa hacer un currículo para ganarse la vida, pues esa información no se incorpora a las valoraciones de riesgo.

El viogen funciona de este modo: hay cuatro niveles no apreciado, bajo, alto y extremo. En función de estas valoraciones hay una batería de medidas obligatorias a tomar por la policía, que es la instrucción de Camacho. Cuando es extremo tienes a una persona que está contigo, como si tuvieras un escolta. Le hacen seguimiento a los dos. Es evidente que la valoración de riesgo que se hizo con la víctima que fue asesinada hace dos días no estaba bien hecha. Ese es un parámetro que hay que cambiar. Hay que tener controlada tanto la situación de la víctima como del maltratador. El maltratador tiene interiorizado el machismo. Ellos no se consideran gente rara.

¿Habría que introducir unos protocolos de obligado cumplimiento para que la víctima se sienta protegida desde el primer momento?

En cuestión de protocolos me preocupa mucho lo que está ocurriendo en los puntos de encuentro familiar en los casos de violencia, en los casos que un juez con una orden de protección deriva a que los menores vayan a punto de encuentro. Nos estamos encontrando con que hay más sentencias que criminalizan a las mujeres víctimas. Esto pasa porque quienes hacen los informes hacen suyas teorías que hasta el CGPJ dice que no se pueden aplicar, pero les da igual, las aplican, y hacen informes que ponen encima de las mesas de los jueces y éstos les atienden para aplicar sentencias. Está pasando que les están quitando a las víctimas de violencia la custodia por cosas como que la madre no es activa en la búsqueda de una buena relación del hijo con el padre. El famoso SAP. Lo que tiene que pensar una persona que trabaja en un punto de encuentro familiar cuando tiene a un niño que se agarra a la puerta porque no quiere entrar es que ahí ocurre algo, no echarle la culpa a la madre. No deberían ser las mujeres quienes deberían hacer semejante cosa. Los puntos de encuentro en casos de violencia no son adecuados.

Nos estamos encontrando con que hay más sentencias que criminalizan a las mujeres víctimas

En la violencia machista también son víctimas los hijos…

Te voy a contar un caso. Mujer en casa de acogida, con sus hijos, empiezan a hacer caso psicológico a la víctima y la psicóloga dice que hay que hacer tratamiento también a los hijos. Para eso hay que pedir permiso al maltratador porque es su padre. Eso es muy grave.

Por eso hacer un pacto vivo, porque este tipo de cosas las descubres en función de cómo vas avanzando. Hasta que no te surge el caso no se legisla sobre ello porque ha habido ningún caso práctico. Necesitamos tener el apoyo con los profesionales para corregir las deficiencias.

Estamos hablando de un problema que va más allá de fronteras. Las cifras son escandalosas, ¿no habría que plantear a nivel de las instituciones supranacionales un frente global para luchar contra esta lacra, tal y como se hace con otros asuntos como, por ejemplo, y siendo problemas totalmente distintos, el terrorismo internacional?

Los datos no muestran la realidad.

Nosotros entendemos que al pacto hay que ir a trabajar en bloques. Hay que ver lo que pasa con la justicia, qué pasa con la seguridad de las víctimas, qué pasa con la reparación del daño a las víctimas, qué pasa con la prevención y qué pasa con la evaluación y la estadística. Yo he llegado a presentar en el Congreso una proposición para incluir en el sistema sanitario un indicador que nos permita medir las lesiones por violencia de género. Aquí hablamos de las muertas pero tenemos mujeres tetrapléjicas por palizas, por no hablar del daño psicológico. Sin embargo, no tenemos ningún sistema de medición. Sé que hay tanta gente en silla de ruedas por accidente de tráfico, quiero saber cuánta gente hay en silla de ruedas por violencia de género.

Sé que hay tanta gente en silla de ruedas por accidente de tráfico, quiero saber cuánta gente hay en silla de ruedas por violencia de género

Vuelvo a la cosa global. Hablamos de 2 millones y medio de mujeres asesinadas sin contar cuántas mujeres se les echa ácido a la cara. No las matan pero son muertes civiles. La muerte civil de las mujeres está muy por encima de la física.

 

Hablemos del maltratador… ¿hay una especie de reacción del machismo frente a una sociedad que poco a poco va siendo más igualitaria?

¿Qué pasa con los hombres? Tenemos dos tipos de hombres: el machista puro y el pro-feminista. Depende de qué zonas del mundo reflejes vas a tener a la mayoría de la población en un bloque u otro. En los países democráticos donde se han introducido elementos igualitarios la horquilla de los igualitarios es mayor pero esto genera una reacción en los machistas porque éstos cada vez se sienten más incómodos en ese modelo y provocan reacciones virulentas. Suecia tiene las dos horquillas muy amplias y la estrategia está en que el bloque igualitario empuje al de los machistas. Para resumirlo en una frase, en los países donde la igualdad crece hay procesos reactivos contra la igualdad y los tipos que un machista que no es capaz de controlar a la persona con la que tiene una relación se vuelve violento. Hace años los machistas eran mayoría y las mujeres asumían ese modelo y hoy las mujeres tratan de renegociar ese modelo en la relación de pareja y al hacerlo generan que los machistas se revuelvan. Es una cuestión de inseguridad. Un machista es un tipo que se siente inseguro frente a las mujeres. Cuando entran en una relación en que las mujeres les plantean un escenario de igualdad en la relación lo que tratan es de romperlo. Todo lo que tiene que ver con las dinámicas, con cómo se hacen con el control de las personas, pero eso ya viene en el noviazgo, da igual la edad que se tenga. En eso hay que trabajar mucho. En el noviazgo es donde saltan las alertas pero son incapaces de identificarlas. La demanda permanente de la atención. Es muy fácil tratar eso si se invierte en ello y, sobre todo, en el sistema educativo. Antes te decía que la escuela no tiene que solucionarlo todo porque no puede pero es verdad que la Educación para la Ciudadanía donde se introducían elementos importantes sobre la igualdad pero necesitamos intervenciones específicas para que identifiquen cosas. En los talleres en aula lo detectan rápido pero hay descubrírselo porque nadie se lo enseñan. Cuando tú le preguntas a adolecentes cuántas veces te alerta la familia del peligro que tienes cuando empiezas a salir. Las chicas te levantan la mano todas. Es sistemático. Todo el tiempo te van dando avisos. En cambio, cuántas veces te han dicho los peligros que puedes tener en una relación. Y no lo entienden. Esas son las claves que hay que dar. Hay que enseñar a las chicas que cuando hay un tipo que está permanentemente pendiente de qué haces no es que te quiera mucho sino que te está controlando. También es importante la intervención de la familia. Si hace esto, significa esto. No te confundas. Hay un error de percepción en la adolescencia respecto a las señales de amor y muchas veces se confunden señales de control con señales de amor.

Hay que hacer inversión a largo plazo y dar respuestas en el corto plazo porque a las víctimas hay que protegerlas YA

Se habla siempre de la educación, pero eso es una solución a medio-largo plazo pero las mujeres siguen siendo asesinadas…

El problema es que lo sabemos todo y no sabemos ponerle solución. El PP ha sido muy poco ambicioso con esto porque se pueden hacer cosas estupendas aunque los resultados no se verán de manera inmediata. Hay que hacer inversión a largo plazo y dar respuestas en el corto plazo porque a las víctimas hay que protegerlas YA. Pero después debemos tener estrategias en el medio y en el largo plazo porque hay que conseguir que cada vez haya menos víctimas. Los políticos no entienden esto, quieren tener resultados inmediatos. Este tema no es un tema de resultados ya, yo no voy a hacer responsable al gobierno de que haya 50 o 60 asesinatos. Ahora, tenemos que articular sistemas para decir que de esas 50 hubo 25 personas a las que el sistema no les dio respuesta. Ahí sí que la responsabilidad está clara. En el resto de casos lo que hay que hacer es evitar que se llegue a eso. Si hoy tenemos una masa crítica de 1,2 millones de mujeres susceptibles de ser víctimas según la Macroencuesta. Llevamos con la misma cifra de masa crítica 10 años. Siempre vamos a las asesinadas. Cómo es posible que la cifra de masa crítica no haya cambiado en una década. En una década hay que conseguir que esa cifra vaya bajando.

Hay datos que están muy bien. En 1995 hubo 16.000 denuncias y 74 asesinadas. Ahora estamos en 135.000 denuncias de media y 54 asesinadas de media. Es una proporción brutal, un dato muy positivo. Las muertas no puede ser el único parámetro de medición. Pero aunque las denuncias han aumentado la masa crítica de mujeres susceptibles de ser víctimas sigue siendo el mismo que hace diez años.

El gobierno tiene responsabilidad en los casos en los que hubo denuncia pero no en los que no está identificado el maltrato. Y el dato de la masa crítica es muy preocupante.

Muchas veces vemos sentencias escandalosas, ¿está siendo adecuada la respuesta judicial? ¿Sería una solución el endurecimiento de las penas?

Lo que hay que hacer es aplicar la ley. El problema es que la ley no se aplica bien. El camino punitivo no es la solución. Desde el 2007, cuando empiezan las órdenes de protección, la media de órdenes de protección que se concedían estaba en torno al 70%. Ahora está en torno al 50% y en CCAA como Cataluña está en torno a 24%. En Granollers o Miranda de Ebro el 90% de las órdenes de protección que se solicitan no se conceden. Hay identificados una batería de juzgados donde esto pasa de manera sistemática. Por tanto hay un comportamiento anómalo en estos juzgados. Al CGPJ, que tiene esos datos, ¿cómo es posible que no se haya interesado a fecha de hoy por conocer lo que está pasando ahí? Yo, si fuera la presidenta del Observatorio de Violencia, ya habría hecho alguna averiguación para saber lo que pasa ahí. Desde Cataluña alguna persona, incluso siendo decana de los juzgados, lanzó al mundo la idea de las denuncias falsas. Este dato no es ajeno a la construcción ideológica de que no todo lo que tiene que ver con agredir a la mujer no es violencia de género. Había una juez decana de Barcelona que decía que una pelea entre novios no tenía que llegar a un juzgado.

En Granollers o Miranda de Ebro el 90% de las órdenes de protección que se solicitan no se conceden

Con los juzgados tenemos muchos problemas. Tenemos el problema del incremento de las sentencias que incluyen el SAP a pesar de la insistencia del CGPJ en decir que eso no se puede usar. Este es un tema que hay que debatir en el Pacto porque tendremos que ver qué tipo de legislación se introduce porque si los jueces no lo entienden habrá que legislar para que lo entiendan. No puede ser que se introduzcan elementos ideológicos en las sentencias que terminan siendo instrumentos contra las víctimas.

El papel de las confesiones religiosas en este tema es…

Me parece verdaderamente escandaloso que la jerarquía católica haya estado y esté tan distanciada de este problema. Creo que la ausencia de pronunciamiento de la jerarquía pone en evidencia lo que es el patriarcado. El silencio es un gesto de complicidad y eso es gravísimo. De los imanes me lo espero porque lo verbalizan. En sociedades avanzadas como esta se callan y es intolerable.

Las movilizaciones de la jerarquía católica en contra de Educación para la Ciudadanía se hicieron, no porque incluyeran los derechos humanos, sino que los contenidos que pusieron en cuestión fueron los elementos que contenían la igualdad de la mujer y de la comunidad LGTB. Esos fueron los dos elementos que hicieron que se movilizaran y que hicieran y promovieran la objeción de conciencia en cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB. Es un escándalo.

Ellos se autodefinen como patriarcas. No hay nada más que hablar. Defienden lo que defienden y lo que defienden atenta contra los derechos humanos de las mujeres.

Hablamos de la Iglesia Católica porque es la mayoritaria y porque es la que tiene capacidad para tener influencia en asuntos de Estado. Desgraciadamente tenemos un sistema y un partido político que es permeable a las injerencias de la Iglesia Católica en los asuntos de Estado. Y esto es muy grave porque cada uno puede creer en lo que quiera si no incumple la ley. Pero si se quiere imponer un modelo que atenta contra la igualdad entonces ya sí que hay derecho a opinar y oponerse a lo que dicen que no a lo que creen.

Fuente: http://diario16.com/cuando-una-mujer-se-acerca-a-la-administracion-pidiendo-ayuda-y-no-se-es-capaz-de-articular-sistemas-de-proteccion-suficientes-hay-una-responsabilidad-directa-del-estado/